El 22 de diciembre del 2010 será un día histórico para los derechos humanos en Argentina. El ex dictador Jorge Rafael Videla fue condenado ayer a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Purgará su condena en una cárcel común y no en prisión domiciliaria o en unidades militares, como pretendía su defensa, por tener 85 años.
Así, para las organizaciones de derechos humanos se hace una reparación histórica. Videla ya había sido condenado a prisión perpetua en 1985, pero en 1990, el presidente Carlos Menem decretó el indulto. Desde el 2007, la Corte Suprema declaró inconstitucional el indulto y recomenzaron los juicios a los represores.
Ayer, el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Córdoba encontró a Videla y a Benjamín Menéndez, una de las figuras más emblemáticas del terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba, culpables del secuestro, la tortura y el fusilamiento de 31 presos políticos entre abril y octubre de 1976. Habían sido detenidos y alojados en la Unidad Penitenciaria 1 antes del golpe de Estado que derrocó a Estela Martínez viuda de Perón. A pesar de que se encontraban a disposición de un juez, se les aplicó la ley de fugas.
Era una sentencia esperada por los defensores de los derechos humanos. Videla, quien fue el primer presidente de facto en la dictadura que gobernó Argentina desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983, quedó a inmediata disposición del Servicio Penitenciario Nacional. En cambio, los jueces determinaron que una Junta Médica evaluara el estado de salud de Menéndez para el cumplimiento de su pena en una cárcel común. Fue un proceso judicial complejo en el que se juzgó a 29 imputados. Los jueces Jaime Díaz Gavier, Carlos Lazcano y José Pérez Villalobo dictaron 16 condenas a prisión perpetua, siete absoluciones y a los demás condenó a penas de seis a 14 años.
“Es lo que esperábamos. Son buenas las sentencias. Nos queda el sabor amargo por las absoluciones, pero se ha hecho justicia. La condena perpetua de Videla y de Menéndez son un símbolo de las políticas reparatorias (sic) del Estado en los derechos humanos”, dijo Victoria Martínez, de la Secretaría de Derechos Humanos.
Cuando el juez Jaime Díaz leyó “pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua” para Videla, la sala de audiencia, en las afueras de los tribunales de Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires, estallaron en aplausos. Y cuando dijo “terminó el juicio”, el grito de “asesino” llenó los ambientes.