16 de May de 2010 00:00

España enfrenta el déficit con fuertes recortes

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Roxana Cazco

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Un huracán. Eso es lo que provocó el anuncio del paquete económico del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el 12 de mayo, en el Congreso de los Diputados.

Nadie esperaba de un Gobierno socialista, cuya bandera han sido las políticas sociales, propuestas como congelar las pensiones de los jubilados, eliminar los 2 500 euros de ayuda a los nacimientos y reducir los sueldos a los servidores públicos.Todo esto después de que el Ejecutivo se negara en reiteradas ocasiones a tocar derechos sociales adquiridos durante su Legislatura y poco después de que la vicepresidenta de Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, firmara con los sindicatos de la función pública un incremento salarial del 0,3% este año.

El vuelco de Zapatero, tan imprevisto como desconcertante, es una respuesta a las exigencias de la Unión Europea de acelerar el camino a la reducción del déficit español. Del 11% que ostenta en la actualidad deberá bajarlo al 3% en el 2013. Es el porcentaje límite que establece la Unión para sus miembros con moneda común. Pero también algo tuvo que ver la llamada de Barack Obama, el martes, al Presidente español en la que le advertía del riesgo de no tomar medidas importantes: contagio a otras economías.

Con este ‘tijeretazo’, el Ejecutivo español ahorraría unos 15 000 millones de euros este año y el siguiente. Es decir 5 000 más de lo previsto en el 2010.

José Luis Rodríguez Zapatero se mostró ante el Congreso de los Diputados apesadumbrado. “A ningún Presidente del Gobierno le gusta comparecer para anunciar recortes y a mí menos aún”, dijo en un momento.

En el plano político, las reacciones más aireadas vinieron del derechista Partido Popular, en voz de su líder, Mariano Rajoy. Pese a que las medidas están mucho más alineadas con su ideología y son similares a las que plantea últimamente (recorte del gasto público y no subida de impuestos), se mostró duro y combativo y, para muchos, demagogo.

La andadura del paquete económico por el Congreso no será fácil. Es imprevisible el apoyo de la centroderecha. Mientras que el gran aliado del Gobierno en otras reformas, CiU (Convergencia i Unió) ya ha dicho que no apoyará la congelación de las pensiones, entre otras medidas.

En el plano social, los más afectados son los servidores públicos. Creen que con un promedio de rebaja salarial del 5%, que en algunos casos será del 15%, el Gobierno se está cebando con ellos. Y que casi se les obliga a pedir perdón “por tener trabajo” en un país cuya tasa de desempleo supera el 20%.

Los sindicatos más grandes del país UGT (Unión General de Trabajadores) y CC.OO. (Comisiones Obreras), por lo pronto ya han convocado a una huelga general de funcionarios públicos para el 2 de junio. Y no descartan una huelga general de trabajadores.

Para los máximos dirigentes sindicales, quienes han ganado en el plan gubernamental son los mercados. El sindicalista Ignacio Fernández Toxo cuestiona que el Presidente haya decidido cargar contra jubilados y funcionarios y haya eludido recuperar el impuesto al patrimonio o el de las sociedades (empresas).

De su lado, los empresarios vieron con satisfacción el anuncio. Su máximo representante, Gerardo Díaz Ferrán, ex propietario de Air Comet, cuyo cierre perjudicó a más de 4 000 ecuatorianos, dijo que el ajuste es positivo y que “el país no estaba para huelgas”.

El Presidente estadounidense fue de los primeros en felicitar al Ejecutivo español. Calificó de “valientes” las medidas, mientras que la Unión Europea y el FMI las ve con optimismo.

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