16 de May de 2010 00:00

Los efectos de la letra menuda de la Constitución

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Carlos Rojas

La frase ‘Café para todos’ se volvió popular en la España de 1978. Resumía los consensos políticos a los que los constituyentes de la época llegaron en uno de los temas más sensibles de la realidad ibérica: su plurinacionalidad.España es un reino de reinos y, tras la muerte de Franco, la unidad de la nación peligraba. No porque el dictador gallego se haya constituido en un factor de unidad nacional. El cambio que vivía España, de regreso a la democracia, puso a reflexionar su existencia misma.

El ‘café para todos’ fue una fórmula más de sentido común que de dura ciencia política.

Monarquistas y socialistas. Republicanos y separatistas. Madrileños y vascos; andaluces y catalanes. En el proceso de creación de las Comunidades Autónomas, los constituyentes españoles lograron mínimos puntos de acuerdo y beneficios que evitaron que España se desgajara en varios estados.

Una constituyente no solo sirve para crear el marco legal de un país. También para proponer grandes pactos nacionales.

Esa fue la expectativa que Rafael Correa generó con su Asamblea de Montecristi.

La diferencia con el caso español es que ese proceso fue impulsado por grandes corrientes partidistas y la de Ecuador por un líder con rasgos de caudillo.

Por ello, en la actual Carta Política, el país sentó las bases de las contradicciones que comienzan a bloquear la esperada agenda política del cambio.

El reciente enfrentamiento entre el Gobierno y los indígenas por la ley de Aguas es un caso patético. Largas horas de discusión y bloqueo les tomó a los constituyentes concebir al agua, y no el acceso a esta, como un derecho humano (art. 12).

En el marco de un discurso democratizador para con los pueblos ancestrales, se les ratificó varios derechos colectivos (art. 57). El de la consulta previa, por parte del Estado, frente a temas como la explotación de los recursos naturales y estratégicos es uno de ellos.

Esto, sin desconocer que a la Constitución, por idealismo, ingenuidad o pura demagogia, se le agregó un artículo que ahora Correa subestima. Es el 98, que garantiza a las personas y colectivos el derecho a la resistencia frente a las acciones u omisiones del poder público.

Lo que han hecho los indígenas desde la semana pasada, con razón o sin ella, es acogerse a esos artículos que Montecristi aprobó bajo su fórmula criolla del ‘café para todos...’.

Correa les ha desafiado a ganar elecciones. Ha dicho que un país no puede someterse a la visión de una minoría. Y que el orden público no puede alterarse por marchas violentas.

¿Ninguno de los lúcidos asesores que acompañaron el proceso constituyente alertó al Gobierno que esos artículos podían explotar en el rostro del propio Presidente?

Seguramente sí. Pero hace dos años, a Correa le interesaba plasmar en una Constitución sus promesas de campaña. Se puso a repartir café y ahora no quiere pagar la cuenta.

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