Arizona ya tiene su ley 1070 que convierte en grave delito no tener documentos. Ahora Russell Pearce, el arquitecto de este marco legal, quiere más: que se niegue la ciudadanía a los hijos de los inmigrantes indocumentados nacidos en EE.UU.
Para algunos, como Michael Yaki, abogado y consultor político, esta nueva iniciativa en Arizona “es inconstitucional y una carta blanca para intimidar a los latinos”. Para otros como el mismo Pearce, un legislador estatal de Arizona, “los inmigrantes son unos invasores de la soberanía americana y no descansaré hasta acabar con esta invasión”, le dijo a la Radio Nacional Pública.
“Esto no es porque son hispanos, sino porque son una cultura diferente”, arguyó. Con desprecio se los llama “niños gancho o ancla” a los nacidos en EE.UU., cuyos padres son indocumentados. Esto porque existe la extendida idea de que tener un hijo nacido aquí evitará su deportación. Solo cuando esos niños cumplen 21 años pueden ejercer el derecho de pedir a sus padres y de esa forma logran su residencia y no es una garantía de que lo consigan.
En el furor de un renacer del conservadurismo político, de una severa crisis económica y ante la falta de liderazgo desde Washington para abordar el tema inmigratorio, se ha lanzado este globo de ensayo. Sin embargo, esto no es nuevo, desde hace tiempo hay grupos que abogan por eliminar la ciudadanía de esos niños.
Pearce no es el único, Gary Miller, congresista de California, promueve la misma iniciativa. “Es la mejor solución”, dice, pues según su idea así se reducirá a menos de la mitad la población sin papeles. Dos estados más, Texas y Oklahoma, tienen en marcha proyectos similares.
“Lo más preocupante es que pueden lograrlo. Creíamos que no pasarían la ley 1070 y lo hicieron. Hay terreno fértil para estas arbitrariedades. Hay los votos suficientes en Arizona para eliminar la ciudadanía a esos niños”, dice el activista y hombre de radio Carlos Galindo, desde Phoenix.
A su entender, el proyecto de Pearce es “una violación a la enmienda 14 y es una traición pretender acabar con los privilegios de sus propios ciudadanos”.
El debate se centra en que si la Constitución da o no el derecho de ser ciudadanos a los hijos de indocumentados. Los promotores insisten que ese privilegio es solo para los negros que fueron traídos desde África, en tiempos de la esclavitud. Pero la sección Uno de la enmienda constitucional número 14, aprobada en 1868, no da margen al debate.
“Todos los nacidos o naturalizados en EE.UU, y sujetos a esa jurisdicción, son ciudadanos de EE.UU. y de los estados donde residen”, señala. Y a siguiente renglón dice: “Ningún estado deberá reforzar ninguna ley que restrinja los privilegios y la inmunidad de los ciudadanos de EE.UU.”.
Se estima que unos 300 000 niños hijos de inmigrantes nacen en EE.UU. cada año. En estados como Nueva York ellos tienen derecho a la atención médica hasta que cumplen los 18 años.