Desconcertados. Así recibieron los funcionarios del Gobierno la noticia del diario El País de España que recogía un explosivo cable enviado desde la Embajada de EE.UU. en Quito al Departamento de Estado. En su parte medular el telegrama sostiene que “las actividades ilícitas” del ex comandante de la Policía, Jaime Hurtado, fueron conocidas por altos mandos de la institución y que algunos funcionarios de la Embajada de EE.UU. creían que el presidente Rafael Correa tenía conocimiento de aquello cuando lo posesionó.
Desborde. La noticia que se regó inmediatamente entre la prensa cobró una dimensión inusitada con la respuesta del Gobierno, que expulsó del país a la embajadora Heather Hodges, quien envió el cable contándole a su Gobierno de manera confidencial lo que su Embajada conocía de primera mano por sus fuentes.
En estas últimas semanas, la posición del Gobierno ecuatoriano sobre los cables ha sido ambigua. Cuando en diciembre se empezaron a conocer los primeros telegramas, el vicecanciller Kintto Lucas dijo que Ecuador estaba “abierto” a otorgarle la residencia a Julián Assange. “Estamos abiertos a darle la residencia sin ningún problema ni condicionamiento”. Pero esto le costó un desmentido público del presidente Correa, quien aclaró: “Fue a título personal, no ha recibido autorización para recibir a Assange”.
El discurso oficial se volvió más agresivo luego de la expulsión de la Embajadora. El 12 de abril, el presidente Rafael Correa tildó de “payasada” los cables de Wikileaks sobre un supuesto apoyo económico de Venezuela a su campaña y dijo que demuestran “la animadversión de la Embajada de EE.UU” hacia su Gobierno.
El último en criticar las filtraciones fue el presidente de la Asamblea Fernando Cordero, quien incluso pidió que se abra una indagación fiscal contra este Diario.