23 de May de 2010 00:00

Desempleo y salud, 2 temas pendientes en Colombia

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Santiago Zeas, corresponsal en Bogotá

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En Colombia, la opinión de la mayoría tiene un punto de coincidencia: los dos mandatos del presidente Álvaro Uribe acaban con un saldo positivo en materia de seguridad.

Después de ocho años al frente de la Casa de Nariño, la gestión del presidente Uribe conserva una imagen positiva e inédita en la historia reciente colombiana: 78% de aprobación, según la medición de mayo de la firma Ipsos-Napoleón Franco.

La cifra resulta envidiable al compararla con las que se despidieron de la Presidencia sus dos antecesores. El liberal Ernesto Samper (1994-1998) dejó el poder con el 33% de aprobación, mientras que el conservador Andrés Pastrana (1998-2002) salió del Palacio de Gobierno con una imagen negativa del 64%.

La razón para tan buena calificación tiene su origen en su publicitada política de seguridad democrática, con la que llegó al poder el 7 de agosto del 2002, para borrar del mapa a todos los grupos armados ilegales.

Las estadísticas oficiales de seguridad parecen avalar las buenas notas de Uribe. Por ejemplo, desde el 2002 los homicidios se redujeron en un 45%.

Sin embargo, la buena imagen de Uribe no significa que la mayoría de la población esté conforme con la actual situación de Colombia. Según la propia encuesta de Ipsos-Napoleón Franco, solo el 50% de colombianos considera que el país va por buen camino.

Entre las razones para que la mitad de la población esté descontenta figuran problemas cotidianos como el desempleo y la salud.

El desempleo, un dolor de cabeza

Gloria Fuquene labora como mesera en una cafetería en el norte de Bogotá. Tiene 35 años, dos hijos y percibe mensualmente el salario mínimo (USD 260). Sus ingresos apenas le alcanzan para la comida y la movilización de su familia (un bus cuesta 0,70 centavos). Por suerte –dice ella- no debe pagar renta, pues la vivienda que ocupa es de un familiar. “Todo sube, antes tenía otro trabajo con un sueldo mayor y tenía más tranquilidad”.

Hace casi un año el dueño del negocio donde trabajaba cerró por falta de ganancias y ella quedó sin empleo; no tuvo otra opción que la cafetería. “Antes estaba mejor”. Pero quien está en una situación más comprometida es su hermano. Él suele trabajar como obrero en construcciones, pero desde hace seis meses está literalmente parado y ahora es parte del 12,6% de la población desempleada de Colombia.

Un estudio que este mes realizó la encuestadora Invamer-Gallup reveló que para el 40% de la población su principal preocupación es el desempleo. “Aunque se ha reducido en estos últimos ocho años, sigue siendo elevada”, explica Jorge Londoño, gerente de la firma. Sus palabras se refieren a que el 50% de la población económicamente activa está en el mercado informal.

Según Londoño, la preocupación por el desempleo está relacionada con la pobreza que, aunque también disminuyó en estos ochos años, la padece el 46% de los habitantes.

Aunque el gobierno de Uribe resalta que Colombia se convirtió en el 2009 en el país que más inversión extranjera atrajo en la región, esos recursos no se han podido traducir en fuentes de empleo. Entre otros motivos, porque más del 85% de esa inversión se ha enfocado en áreas como minería e hidrocarburos que, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), no son generadoras de numerosas fuentes de empleo.

La salud también preocupa

Mery Villarreal tiene 51 años, 32 de los cuales vive en Bogotá. Trabaja como portera en dos edificios de la capital: uno en Chapinero Alto y otro en Nicolás de Federman, dos barrios de estratos 4 y 5 en el norte de la ciudad (6 es el nivel más alto).

Su preocupación es el sistema de salud y sus dificultades de financiamiento, que ya las sintió hace dos meses. “Por primera vez tuve que pagar por exámenes médicos que antes no tenían valor”.

Esta mujer de Tolima es parte del 60% de la población que está cobijada por el sistema subsidiado de salud que, se supone, es financiado por el Estado y por el 40% de personas que está bajo el régimen contributivo de salud.

Según la medición de Invamer-Gallup, esta portera es parte del 10% de la población que está preocupada por los problemas y el futuro del servicio de salud.

En la actualidad, el sistema atraviesa problemas de financiamiento. Incluso el propio Gobierno ha señalado que para corregir estas dificultades se requieren de reformas urgentes y, así, evitar un eventual colapso.

Por ello, por pedido del gobierno de Álvaro Uribe, el Congreso está por aprobar reformas legales para captar fondos que cubran el déficit. La idea es aumentar los tributos a cigarrillos, licores, juegos de azar, entre otras medidas. Así, el Estado buscará recaudar cerca de USD 1 500 millones anuales para cubrir el déficit.

No obstante, Londoño, de Invamer-Gallup, advierte que mientras no se solucione el problema de la informalidad, difícilmente se podrán corregir los problemas del sistema de salud. La razón es que el sistema está ideado para que quienes tengan un trabajo fijo y formal puedan cubrir los gastos de aquellas personas del régimen subsidiado, que no pueden aportar mensualmente.

La seguridad, al final

A Gloria Fuquene, la mesera de la cafetería, y a Mery Villarreal, la portera de dos edificios, no les quita el sueño los problemas de seguridad y violencia en Colombia como resultado del conflicto interno que lleva más de cuatro décadas. Ambas reconocen el trabajo de Uribe en esta materia, pero coinciden en que el próximo presidente debe preocuparse de problemas directos de las personas. Ninguna de las dos es parte del 6% de los colombianos entrevistados por Invamer-Gallup que consideran a la seguridad un factor de preocupación.

A pesar de las alentadoras cifras oficiales del Gobierno, para este segmento de la sociedad el problema de la seguridad no se ha reducido del todo. Por ello, creen que se debe profundizar la política de seguridad democrática que tampoco está exenta de cuestionamientos. Como el informe del año pasado de la Fundación Nuevo Arco Iris, que daba cuenta del resurgimiento de unos 5 000 nuevos paramilitares.

Uribe sostiene su popularidad en la ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista que permitió reducir los asesinatos, los secuestros y los ataques contra la infraestructura económica del país. Pero su Gobierno también fue empañado por escándalos de corrupción, interceptaciones ilegales de comunicaciones y violaciones a los derechos humanos.

Así está el país del norte en estos momentos

2002.  El 7 de agosto,  Álvaro Uribe asume la Presidencia de Colombia, luego de vencer en las elecciones  presidenciales en una sola vuelta electoral, con el 53% del total de los votos. Ese día,  17 personas murieron en Bogotá en atentados atribuidos a la guerrilla de  las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

2003.  El presidente  Uribe deja  en claro que su prioridad en política exterior es profundizar su alianza con Estados Unidos. Apoya formalmente la guerra contra el terrorismo que declaró  el presidente estadounidense George W. Bush y respaldó  la invasión a Iraq.

2005. Aprueba la  Ley de Justicia y Paz, para llevar a cabo la desmovilización de grupos armados ilegales. Los principales jefes paramilitares se acogen a esa ley,  que disminuía penas a cambio de que se entregaran. La Ley fue duramente cuestionada por grupos de derechos humanos de Colombia.

2005. La Corte  Constitucional aprueba la reforma a  la Constitución Política tramitada por la mayoría ‘uribista’ en el Congreso colombiano  y así permitir la reelección de un  Mandatario en funciones.

2006.  En mayo,   Álvaro Uribe se  presenta a la reelección para un segundo período presidencial de cuatro  años. El caudal electoral de Álvaro Uribe aumenta  respecto de  las elecciones del 2002: gana en una sola vuelta con el 62% de la votación, la mayor en la historia electoral colombiana.

2006. Los gobiernos de Colombia y de  Estados Unidos suscriben  un  Tratado de Libre Comercio (TLC), que posteriormente fue entregado a los respectivos congresos para que lo ratificaran. El Congreso  de Estados Unidos  aún no ratifica ese acuerdo porque cuestiona la falta de garantías a los derechos humanos  en Colombia.

2006 - 2007.  Se destapa uno de los mayores escándalos: la ‘parapolítica’. Surgen evidencias de nexos entre políticos cercanos al gobierno de Álvaro Uribe  con los ‘paras’. Cerca de 16 autoridades locales y 70 legisladores son involucrados, entre ellos Mario Uribe, primo del Presidente de la República.

2008.  El 1 de marzo, el presidente  Uribe ordena el bombardeo al campamento clandestino de las FARC en Angostura, en  territorio ecuatoriano. La violación a la soberanía nacional llevó a Ecuador a la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia el 3 de marzo de ese año. La muerte Raúl de Reyes, número dos de las FARC,  en el ataque militar colombiano,   es el golpe más duro contra esa guerrilla.

2008.  El 2 de julio, el Ejército colombiano rescata de la selva a la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por las FARC por más de seis años. El hecho fue uno de los mayores logros militares del gobierno de Álvaro Uribe.

2008.  A finales de año  se  descubren los ‘falsos positivos’, uno de los atropellos más grandes de las Fuerzas Armadas  colombianas contra la  población civil. Se determinó que miembros del Ejército reclutaban a  jóvenes pobres, luego los asesinaban y los presentaban  como guerrilleros abatidos en combate.

2009.   Surge uno  de los mayores escándalos de espionaje político en Colombia. Se descubre que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) espiaba a políticos de la oposición, líderes sindicales y periodistas. Funcionarios de la Presidencia de la República son involucrados, pero el presidente Álvaro Uribe niega cualquier participación de su Gobierno.

2009.  El 30 de octubre,   Colombia y Estados Unidos suscriben un acuerdo de seguridad que permite a soldados estadounidenses utilizar siete bases militares colombianas. Este convenio marca el distanciamiento definitivo entre Álvaro Uribe y el presidente venezolano Hugo Chávez.

2009.  En noviembre    el presidente Álvaro  Uribe y su par  ecuatoriano Rafael Correa designan a sus encargados de negocios como primer paso de la normalización de relaciones diplomáticas, rotas en el 2008. Las embajadas en  Quito y Bogotá abren sus puertas.

2010.   El 26 de febrero  el presidente Uribe sufre su revés político más duro: la Corte Constitucional niega la convocatoria a un referendo para que la población decida si se permite una segunda reelección del Presidente de la República.

2010. 19 de mayo. El gobierno de Álvaro Uribe suscribe con la Unión Europea (UE) un Acuerdo de Asociación, que incluye capítulos de libre comercio, cooperación y diálogo político. Sectores económicos como los ganaderos protestan por los presuntos efectos adversos de este convenio.

 

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