Una demanda por difamación y daños interpuesta en un tribunal de Miami (EE.UU.) contra una firma venezolana de ingeniería señala que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el oficialista Diosdado Cabello, recibió sobornos millonarios.
La demanda fue presentada a principios de marzo por el periodista y defensor de los derechos humanos venezolano Thor Halvorssen Mendoza, presidente de la organización Human Rights Foundation (HRF), con sede en Nueva York.
En ella se apunta que, según un exempleado de la empresa Derwick Associates Corporation, Cabello recibió 50 millones de dólares “en sobornos” a cambio de “un contrato público que los funcionarios sabían que permitiría a los demandados sobrefacturar”, se lee en la demanda a la que tuvo acceso Efe.
Estos pagos ilegales, supuestamente, “facilitaban el lavado de dinero y la sobrefacturación” por parte de los demandados: la citada compañía y sus propietarios, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Pedro Trebbau-López y Francisco DAgostino Casado, además de su filial Derwick Associates USA.
Halvorssen que, venía investigando el caso Derwick y sus ramificaciones, asegura que, como resultado de su pesquisa insistente, los demandados “utilizaron declaraciones difamatorias para silenciarle como periodista” y dañar su reputación y relación contractual con dos medios en los que publicaba artículos: Forbes.com y el periódico Huffington Post.
Como resultado de las “difamatorias y torticeras cartas” enviadas por Derwick, estos medios dejaron de aceptar artículos propuestos por Halvorssen. Las acciones emprendidas por Derwick logró “destruir la relación” contractual del periodista venezolano con ambos medios, según el documento de la demanda, de 37 páginas.
El objetivo de los propietarios de Derwick no era otro que “silenciar” a Halvorssen y “enviar el mensaje a los oponentes al Gobierno venezolano” de que estos serán “intimidados en el país” y sometidos a “litigios vejatorios y de mala fe, así como a campañas de desprestigio bien financiadas, fuera de Venezuela”.
“Mis abogados y otras personas que trabajan con ellos han realizado una investigación a fondo en apoyo de cada una de las alegaciones hechas en la demanda”, señaló en un comunicado el activista de los derechos humanos.
En es sentido, Halvorssen se mostró convencido de que podrán probar el caso en el juicio y “requerir a los demandados que presenten los documentos y las respuestas a nuestras preguntas bajo juramento antes y durante el juicio”.
De acuerdo con el documento de demanda, las actividades ilícitas de los demandados han sido personalmente confirmadas por uno o más exempleados de Derwick.
Estas cantidades de dinero habrían sido supuestamente entregadas “a cambio de contratos públicos que los funcionarios sabían que permitían la sobrefacturación”, insiste la demanda.
Sobre la base de esta información, los pagos eran transferidos a una sociedad con ventajas fiscales inscrita en Panamá con cuentas en el Banco Banesco.
En la investigación periodística de Halvorssen sobre Derwick, el activista contactó con ProEnergy Services, una compañía estadounidense que aparece como proveedora de ingeniería de la empresa venezolana y que les asiste “en la construcción e instalación de plantas de electricidad”.
En respuesta, Derwick “envió cartas difamatorias y llenas de falsedades a los citados medios en las que acusaba a Halvorssen de “estar explotado o manipulado por oponentes políticos” y que este les “había falsamente acusado de lavado de dinero, sobrefacturación y graves delitos”, lo que el demandante niega tajantemente.
Por todo ello, Halvorssen pide a la justicia una compensación económica por “daños”, entre otras solicitudes.
La defensa de los demandados replica que los alegatos presentados por el periodista venezolano son “totalmente falsos” y que sus clientes construyeron “plantas eléctricas y suministraron electricidad a millones de venezolanos”, según recoge el diario El Nuevo Herald.
Joe DeMaría, letrado de los demandados, calificó a Halvorssen de “bloguero engreído que se esconde detrás de su denominada Fundación de Derechos Humanos”, en un correo electrónico enviado al citado rotativo de Miami.