16 de April de 2014 20:47

El estado de Texas ejecuta al tercer hispano en lo que va del año

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EFE

El sistema penal de Texas (EE.UU.) ejecutó hoy, 16 de abril,  en la prisión de Huntsville al estadounidense José Luis Villegas, condenado en 2002 por triple asesinato y que se convierte en el tercer reo hispano en ser ajusticiado en el estado en lo que va de año, informó una fuente judicial.

Según datos del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Villegas, de 39 años y nacido en Texas, murió a las 19.04 horas de este miércoles (00.04 GMT del jueves), una media hora más tarde de lo esperado porque se retrasó la respuesta del Tribunal Supremo a las alegaciones de los abogados.

La petición de los letrados pedía posponer la ejecución para investigar la supuesta discapacidad intelectual del preso, pero la máxima instancia judicial del país la rechazó.

Villegas, originario del área de Corpus Cristi (sur de Texas), fue sentenciado a la pena capital por la muerte en 2001 de tres personas de origen latino: una mujer de 24 años, su madre de 51 años y su hijo de 3, según figura en su ficha criminal.

El asesino asestó un total de 86 puñaladas a las víctimas y, después de los crímenes, robó el vehículo y el televisor de la vivienda.

El preso dejó este miércoles por escrito sus últimas palabras en las que se despide de sus hijos, amigos y de los "hermanos" que compartieron con él la vida en el corredor de la muerte.

Con Villegas, Texas, el estado con más ajusticiamientos del país, ya ha ejecutado a siete reos en lo que va de año, tres de ellos de origen latino, la misma cifra que en todo 2013.

José Luis Villegas era hijo de una pareja de hispanos nacidos en Texas y tenía nacionalidad estadounidense, a diferencia de Edgar Tamayo y Ramiro Hernández Llanas, ambos con pasaportes mexicanos y ejecutados en enero y abril, respectivamente.

En esos casos, el estado de Texas desoyó las peticiones de clemencia de las autoridades mexicanas, que alertaron de que ambos presos fueron incluidos en el fallo Avena de la Corte Internacional de Justicia, que pedía que se revisaran 51 condenas de muerte a mexicanos en Estados Unidos.

Los abogados de Villegas, en cambio, pidieron posponer la ejecución para ahondar en las pruebas médicas que supuestamente determinaban una discapacidad intelectual en el preso, según explicó a Efe el abogado Paul Mansur.

En el último intento, en la petición presentada a la Corte Suprema de EE.UU., los letrados definieron a Villegas como "retrasado mental" y citaron pruebas médicas de cociente intelectual, de inteligencia y de conocimientos para justificarlo, elementos que no contempló el proceso judicial en 2001 y 2002.

La defensa considera que la ejecución de Villegas es inconstitucional y se refiere a una sentencia de 2002 del Tribunal Supremo, conocida como "Atkins vs Virginia", que prohibió las ejecuciones a presos con discapacidad intelectual.

La máxima instancia judicial de Estados Unidos determinó que los reos con discapacidad intelectual merecen ser castigados por sus crímenes, pero no pueden ser ejecutados porque eso infringiría la octava enmienda constitucional que prohíbe ajusticiamientos "crueles e inusuales".

De hecho, el Tribunal Supremo consideró, según figura en el texto de 2002, que los discapacitados no actúan con el nivel de "culpabilidad moral" que caracteriza a un adulto "a causa de sus minusvalías en el área del razonamiento, el juicio y el control de sus impulsos".

Sin embargo, tal y como advierte el observatorio Death Penalty Information Center, cada estado tiene sus estándares para determinar la incapacidad de los presos y un mismo reo podría ser diagnosticado en un estado y no en otro.

En el caso de Villegas, el sistema penal de Texas no lo consideró discapacitado intelectual.

En varias ejecuciones de los últimos meses en el estado sureño, los abogados intentaron paralizar la pena capital alegando discapacidad mental, pero las cortes siempre desoyeron los argumentos.

Los abogados de Villegas se quejaron de que Texas ofrece un solo diagnóstico de discapacidad y alegaron también falta de recursos en el proceso judicial.

Los abogados del preso hispano eran de oficio y parte de la búsqueda de pruebas la hicieron becarios sin sueldo que viajaron a la ciudad nativa del preso.

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