Siete de los 21 muertos en la agitación callejera que vive Venezuela desde la segunda semana de febrero recibieron balazos en la cabeza, una muestra de cómo las armas acompañan la lucha política en este país petrolero. La Fuerza Armada y las policiales, más unos pocos miles de civiles autorizados, portan legalmente armas de fuego, pero hay diseminadas cientos de miles de armas ilegales, quizás millones, según Amnistía Internacional.
La Constitución de 1999 “prohíbe expresamente el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”, explicó el activista Marino Alvarado, de la organización humanitaria Provea.
Pero, ¿quién tiene o emplea las armas mientras algunas áreas urbanas muestran, cada atardecer, humo de granadas lacrimógenas mezclado con el de barricadas que arden y el resueno de disparos que hacen desconocidos desde vehículos, principalmente motocicletas? La represión de las manifestaciones en más de 50 centros urbanos está principalmente a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana, un cuerpo de seguridad interna semejante a la policía de Carabineros de Chile o a la Guardia Civil española, y un componente de la Fuerza Armada junto al Ejército, la Marina y la Aviación.
La Fuerza Armada, sumando sus distintos componentes, cuenta con unos 135 000 efectivos en un país de casi 28 millones de habitantes.
Dentro de la Guardia Nacional ha estado muy activa frente a las protestas la Guardia del Pueblo, creada en 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez (1954-2013) para funciones de vigilancia y seguridad ciudadana.
También actúa la Policía Nacional Bolivariana, creada en el 2009, en tanto deben abstenerse por ley los cuerpos policiales regionales y municipales, algunos de ellos bajo jurisdicción de alcaldes opositores.
Pero la novedad, por su despliegue en Caracas y en media docena de ciudades del interior, la constituyen los colectivos, grupos de civiles que se identifican como oficialistas y cuyos integrantes, desplazándose en motocicletas y con armas en la mano, han actuado contra manifestantes, comercios, residencias y vehículos en barrios opositores.
“El patrón de conducta de esos grupos ratifica la tesis de una muy probable coordinación con la Guardia del Pueblo para actuar al margen de la Constitución, con su exhibición y uso de armas de guerra”, dijo la directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, Rocío San Miguel.
Algunos de esos grupos surgieron en la barriada popular 23 de Enero, que está ubicada en el oeste de Caracas, a partir de remanentes de guerrillas urbanas anteriores a la llegada de Chávez al gobierno, en 1999, y ejercen control de pequeñas parcelas de territorio.
“Son bandas parapoliciales, que controlan desde la seguridad hasta el microtráfico de drogas y otros delitos en sus espacios, al margen de la autoridad del Estado, y se escudan para ello en una supuesta lealtad al oficialismo”, aseguró el director de la organización no gubernamental Paz Activa, Luis Cedeño.
Atentos a los pedidos del presidente Maduro
Los opositores llaman indistintamente “tupamaros” o “colectivos” a los grupos civiles que los enfrentan y desmontan sus barricadas y ese lenguaje se ha extendido por las ciudades donde se multiplicaron las protestas. Pero la inmensa mayoría de los colectivos son agrupaciones vecinales pacíficas, simpatizantes del oficialismo, que apoyan tareas sociales del Gobierno o que desarrollan las suyas, según investigaciones de organizaciones no gubernamentales y de medios de comunicación.
Cuando comenzaron las protestas, el presidente Maduro alertó contra la “demonización de los colectivos“, pero el 5 de marzo les hizo un llamado expreso en medio de un discurso con el que recordaba el aniversario de la muerte de Chávez.
Alvarado advirtió que “al convocar a civiles para repeler las protestas, el Presidente viola la Constitución, que entrega el control del orden público a policías uniformadas”.
Oficiales retirados que integran agrupaciones opositoras alegan que Maduro apela a esos grupos civiles porque merma su respaldo en las fuerzas armadas convencionales, sobre todo en la Aviación, la Marina y parte del Ejército.
Según el diario El Nacional, dos coroneles de la Guardia Nacional fueron arrestados por protestar ante los excesos cometidos en la represión.