14 de January de 2014 00:01

Colombia y Brasil, ejemplos en lucha antiaccidentes

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Colombia busca frenar los accidentes causados por conductores ebrios con una nueva ley que impone multas mínimas de USD 939 por manejar bajo efectos del alcohol y de hasta 14 600 por conducir reiteradamente en estado de embriaguez, las sanciones económicas más altas en Latinoamérica.

Después de una serie de fatales accidentes que recibieron gran atención mediática en el 2013, el Congreso colombiano sancionó pocos días antes de finalizar el año una ley que rebaja los niveles tolerados de alcohol en sangre para conductores. También, establece elevadas multas por manejar borracho y considera este factor como "agravante punitivo" en caso de muertes.

Ahora, cualquier conductor que sea sorprendido con entre 0,2 y 0,39 gramos de alcohol por litro de sangre, recibe una multa de USD 939, la suspensión de su licencia por un año y 20 horas de trabajos comunitarios.

En adelante, las multas se van duplicando al pasar a grado uno, dos y tres y llegan hasta USD 14 600 para los casos más graves, cuando el conductor es sorprendido por tercera vez con más de 1,5 gramos de alcohol en sangre.

El caso de Fabio Salamanca, un joven de 23 años que presuntamente conducía ebrio y a exceso de velocidad cuando estrelló su camioneta contra un taxi en Bogotá en julio, fue uno de los casos más sonados del año, pues provocó la muerte de dos jóvenes ingenieras y dejó discapacitado al taxista.

Prioridad para la región

Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la tasa de mortalidad promedio en las Américas en el 2010 por traumatismos a causa del tránsito fue de 16,1 por 100 000 habitantes. En la subregión andina, donde está Colombia, los niveles suben a 22,1 por cada 100 000 habitantes y en el Caribe hispano alcanzan la tasa de 22,2.

"Los dos factores de riesgo que son prioridad número uno para nosotros son de manejar bajo el efecto del alcohol e irrespetar los límites de velocidad", dijo la asesora de Seguridad Vial de la OPS para las Américas, Eugenia Rodrigues.

Para el alcohol, esta organización recomienda un límite de tolerancia de 0,5 gramos por litro de sangre e insiste en la necesidad de hacer controles de alcoholemia en las calles y de imponer sanciones severas.

Para el asesor de la OPS en Colombia, Teófilo Monteiro, será "importante tener un buen inicio de proceso, con retenes para que efectivamente se pueda verificar a los conductores".

"La gente se va a preocupar mucho en no tener una multa tan elevada, pero lo importante, lo fundamental, es que se hagan los retenes", expresó Monteiro, señalando que solo así el impacto psicológico del monto de la sanción tendrá un efecto permanente en el comportamiento.

Brasil marcó una pauta

La OPS presenta como ejemplo exitoso el de la Ley de Tolerancia cero, de Brasil, que desde el 2008 -y con penas más severas desde el 2012- solo permite niveles de 0,05 miligramos de alcohol por litro de sangre y establece multas de USD 830 y del doble por reincidencia.

Otro país que recientemente endureció su legislación en la materia fue Chile, donde desde marzo del 2012 se bajó el nivel de alcohol permitido para conductores de 0,5 a 0,3 gramos. Cualquier infracción allí acarrea la detención del chofer, multas a partir de USD 80 y suspensión de la licencia.

También Panamá prepara una ley con sanciones económicas tan severas como las de Colombia, con multas mínimas de USD 1 500 y suspensión temporal de la licencia, y máximas de 12 000 y revocatoria total del permiso de conducir para quienes sean sorprendidos por las autoridades manejando borrachos por cuarta vez.

Uruguay opta por imponer trabajos comunitarios a los conductores borrachos y Cuba, desde el 2013, les suspende la licencia por entre seis meses y cinco años.

A la vez, hay países como Venezuela o Paraguay donde la legislación pena la conducción bajo los efectos del alcohol con multas o incluso cárcel, pero en los que rara vez se hacen efectivas las sanciones.

En Paraguay causó revuelo el caso del parlamentario oficialista al Mercosur, Tomás Bittar, quien en un choque dejó malherido a un joven en mayo del año pasado, y se dio a la fuga. Se libró de los cargos porque un juez le permitió jurar antes como congresista, con lo que quedó protegido por fueros.


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