22 de June de 2010 00:00

El caso del pago de coimas se reactiva

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Santiago Estrella.

Héctor Timerman, quien desde hoy dirigirá la política exterior argentina, comienza su gestión mirando puertas adentro. Esto porque mañana comparecerá al Congreso el ex embajador en Caracas, Eduardo Sadous, para explicar el supuesto pago de coimas de empresarios argentinos para participar de la venta de maquinaria agrícola a Venezuela. En una carta enviada ayer a la prensa, firmada por Timerman, se aclara que Sadous acudirá al Congreso “con todas las libertades que gozan los ciudadanos de un Estado democrático y también con todas las responsabilidades que conlleva la condición de funcionario del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior”. Sin embargo, una entrevista publicada el domingo por el diario Página 12 alertó a la oposición. Allí Timerman reconoció que va a “hablar con Sadous. Estoy convencido de que sabe que por Ley los embajadores no pueden revelar información confidencial. En caso de hacerlo, estarían cometiendo un delito”. La oposición entendió las palabras del nuevo Canciller como un amedrentamiento para no investigar aparentes vínculos turbios entre los gobiernos argentino y venezolano. Para ello, se habría levantado una Embajada paralela, para llevar adelante negociaciones por fuera de los canales diplomáticos. “Acá están utilizando el secreto como una estrategia de encubrimiento de una situación muy compleja, de relaciones poco transparentes entre Argentina y Venezuela”, dijo Patricia Bullrich, diputada de la Coalición Cívica, partido que denunció ante la Justicia al ex presidente Néstor Kirchner por liderar una asociación ilícita. “Plantearle una cosa así frente a los diputados que convocaron a una reunión secreta es un condicionamiento inadmisible”, agregó Bullrich. Las coimas, según la oposición, o comisiones, para el oficialismo, ha sido el último dolor de cabeza del gobierno de Cristina Fernández. Sadous, en declaraciones ante la Justicia, dijo que mientras estuvo en sus funciones en Caracas (octubre 2002 - mayo 2005) había escuchado de un grupo de empresarios sobre dicho cobro. Además, que había enviado un cable urgente a Cancillería refiriéndose a la grave situación en la que habría un faltante de USD 90 millones de un fideicomiso común firmado en el 2004.

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