10 de December de 2010 00:00

Las cárceles en América Latina son precarias

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Montevideo, Santiago.

La sobrepoblación, la influencia excesiva de bandas criminales y la falta de inversiones convierten a las cárceles de América Latina en lugares violentos y peligrosos que propician tragedias, como la que en Chile costó la vida de 81 presos por un voraz incendio.

La cárcel San Miguel, en Santiago de Chile, donde se produjo el incendio tras una riña entre internos, tenía una capacidad para 900 reos pero albergaba 1 900.

“Esta tragedia refleja la precariedad del sistema carcelario chileno”, dice el director de la Gendarmería chilena, Luis Masferrer, para quien el “porcentaje de sobrepoblación y hacinamiento” es uno de los factores que se debe estudiar para esclarecer el incendio.

La sobrepoblación carcelaria es la regla en toda la región, donde varios países registran tasas récord de homicidios. En El Salvador, se albergan 24 000 prisioneros en cárceles diseñadas para 8 000. Desde hace 10 años, las autoridades alojan a miembros de poderosas bandas rivales en celdas separadas para evitar los enfrentamientos. Pero aun detrás de los barrotes, el crimen organizado sigue imponiendo su ley.

En México, “ los hombres de los carteles son los reyes, los señores de sus cárceles”, denuncia el abogado penalista José Antonio Ortega. “Los gángsteres operan desde dentro, hacen extorsiones y chantajes. Vimos una prisión donde los detenidos de día se transforman en sicarios en la noche. Les proporcionaban armas y vehículos para ir a matar, y regresaban a dormir a la prisión como angelitos”, asegura Ortega.

Sus expediciones nocturnas habrían dejado 35 muertos, según la fiscalía mexicana, y la directora de esa prisión de la zona de Gómez Palacio, cerca de Torreón, fue arrestada a fines de julio.

“Podemos tratar de mejorar la formación de los guardias, sus salarios y sus condiciones de trabajo (...) pero el poder del dinero del tráfico de drogas sobrepasa cualquier alza salarial que puedan otorgar los gobiernos”, explica Liza Zúñiga, socióloga de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Santiago.

En noviembre, una prisión del norte de Brasil vivió una rebelión que se saldó con tres muertos. La cárcel, como en el caso de Chile, albergaba 828 detenidos cuando fue diseñada para poco más de 200. En el mismo mes, también en el norte de Brasil, otro motín concluyó con la muerte de 18 prisioneros, entre los cuales cuatro fueron decapitados.

“El sistema está en crisis en prácticamente todos los países de América Latina”, analiza Lucía Dammert, coautora con Liza Zúñiga del informe ‘La prisión: problemas y desafíos para las Américas’. Una de las razones es la falta de dinero: “La inversión pública en el tema carcelario es mínima”, subraya Dammert.

El incendio que dejó 81 muertos en un penal chileno se suma a otras tragedias y accidentes que este año han dejado al descubierto la desigualdad y las violaciones a los derechos humanos que, según expertos y activistas, Chile esconde debajo de la alfombra.

“Este año, la verdad de nuestro país se ha visto crudamente desnudada, desde el punto de vista de las precariedades laborales, la pobreza, la desigualdad y la estigmatización”, resume Martín Pascual, presidente de la Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales (Acción), que agrupa a 60 entidades del país.

Estos hechos permiten contrastar, según Pascual, la “tremenda injusticia que se vive en la sociedad chilena” con la imagen “que se propone ante el mundo como uno de los países más avanzados y de mayor desarrollo” de América Latina. El incendio en el penal de San Miguel habría sido provocado de manera intencional, según las primeras pericias policiales, en el marco de una riña de prisioneros. Paralelamente a la consternación pública, comenzaron las denuncias cruzadas. Efectivos de Gendarmería (guardia de prisiones) acusaron precarias condiciones de trabajo, mientras los presos afirmaron ser víctimas de malos tratos y negligencia de parte de sus custodios. Actualmente hay más de 53 000 presos en este país austral con 17 millones de habitantes, más de 300 internos por cada 100 000 habitantes, una de las tasas más altas de América.

Leyes antidrogas, un problema

Las leyes antidrogas de los países latinoamericanos han contribuido al hacinamiento carcelario porque están dirigidas contra los consumidores pero son ineficaces para frenar el tráfico y la producción, según un estudio divulgado ayer en Buenos Aires.

“Los países latinoamericanos están enfrentando una crisis carcelaria en parte fomentada por leyes de drogas dirigidas contra consumidores que poseen pequeñas cantidades de drogas y ofensores de pequeña escala”, señala el informe ‘Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina’. Se trata de un estudio sobre el impacto de políticas de drogas en prisiones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, del Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, presentado en Buenos Aires con expertos regionales.

“Encarcelar a ofensores menores con el fin de restringir el narcotráfico es inútil, pues al día siguiente los altos jefes los reemplazan. Pero para los encarcelados, la prisión les destruye la vida”, advierte el informe.

Otro fenómeno detectado es la “feminización” de este delito, en especial en Argentina y Ecuador.

El trabajo denuncia los deficientes presupuestos e infraestructura carcelaria en todos los países y destaca que en Bolivia “la falta de recursos ha generado problemas de nutrición y salud entre los reclusos” porque “el presupuesto diario de alimentación es de 80 centavos de dólar por día”.

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