Baltasar Garzón ha pedido la nulidad de la sentencia en la que el Tribunal Supremo español lo condenó el pasado 9 de febrero a 11 años de inhabilitación por prevaricación, un paso con el que prepara el camino para acudir al Tribunal Constitucional.
El ya ex magistrado pidió esa nulidad al propio Tribunal Supremo, si bien admite que “la inmensa mayoría de estas demandas de nulidad son desestimadas”. Si eso ocurre, avanzó hoy en un comunicado de sus abogados, acudirá al Constitucional con un recurso de amparo.
Garzón, de 56 años, considera que la sentencia contra él es “gravísimamente errónea”. Fue condenado por haber prevaricado con las escuchas que ordenó en el marco del “caso Gürtel”, la trama de corrupción masiva que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace tres años.
Considera que fue condenado “por una acción que no se encuentra tipificada como delito en las leyes” y acusa al tribunal que lo juzgó de haber construido “a la medida” el delito de prevaricación, algo que abre la puerta a que “cualquier discrepancia jurídica” pueda terminar con una condena por prevaricación. Añade que la condena viola varios derechos fundamentales, así como su derecho a la independencia judicial.
La sentencia del Supremo es “arbitraria, irrazonable, manifiestamente injusta”. La inhabilitación de Garzón durante 11 años supone de facto el final de su carrera judicial.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le comunicó este lunes su expulsión, en una decisión que será ratificada mañana por el pleno del órgano de gobierno de los jueces.
Garzón se encuentra aún a la espera del veredicto en el juicio por su investigación de los crímenes del franquismo, un proceso en el que fue acusado también de prevaricación y en el que se pidieron 20 años de inhabilitación como pena.