Argentina sigue esperando por justicia y memoria

Hay días en que los himnos nacionales se cantan con más fuerza y como que adquieren más sentido. Eso al menos ocurre cada 24 de marzo en Argentina, cuando se recuerda con dolor el golpe de Estado de la Junta Militar que derrocó a la presidenta Estela Martínez viuda de Perón, en 1976.

Lo llamaron “Proceso de Reorganización Nacional”. Ciertamente el país vivía años turbulentos, pero el golpe trajo como consecuencia la desaparición de unas 30 000 personas. Por eso, ir hasta la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el símbolo del terrorismo de Estado, es quizá uno de los actos más crueles para cualquier individuo.

“El desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita. Si apareciera tendría un tratamiento X. Si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea un desaparecido no puede tener ningún tratamiento. Es una incógnita, es un desaparecido, no tiene identidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido”, fue una de las explicaciones del general Rafael Videla, líder del Proceso.

A pesar de que el gobierno de Néstor Kirchner expropió la ESMA para convertirla en el Espacio de la Memoria, el predio aún hiede a tortura, desaparición y muerte. Aún están aquellas valientes madres que, lideradas por Azucena Villaflor (torturada y tirada al mar en los vuelos de la muerte), fueron las primeras en desafiar a los militares, un año y un mes después del golpe.

Según estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 1 464 personas, entre civiles y militares, están acusadas por crímenes de lesa humanidad. Pero apenas 75 imputados fueron sentenciados, de los cuales siete fueron absueltos. Los imputados son 649 personas, pero solo 59 de ellas, es decir, el 9 por ciento están siendo enjuiciadas.

“En cuanto a la cantidad de causas, existen 321 en movimiento en todo el país, de los cuales 23 han finalizado la instancia de debate y 10 son juicios en curso”, afirman en el CELS.

Otro grupo, minoritario, en el que se encuentra Cecilia Pando, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), respalda lo actuado por los militares al sostener que se trataba de una guerra contra el terrorismo. De hecho, cada 5 de octubre, se reúnen en la Plaza San Martín para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo.

“En vez de proyectar políticas a 30 años, nos enredamos en lo que sucedió 30 años atrás y, para peor, con una mirada parcial, por lo tanto injusta”, escribió Pando en un e-mail que recibió este Diario.

Por el mismo camino va el ex presidente Eduardo Duhalde, quien propuso en días pasados que se plebiscitara si se continúan los juicios. “Estos juicios deben terminarse inmediatamente, hay que terminar con la cacería de brujas”. Es el argumento de quienes sostienen que el kirchnerismo ha utilizado los derechos humanos con fines políticos. Lo único cierto es que fue con Néstor Kirchner que se terminaron con los indultos y el punto final, pues los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.

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