Los alimentos, el frente de guerra de Hugo Chávez

Con su placa dorada brillando en el pecho de la camisa roja chavecista, un agente del Gobierno venezolano posaba desafiante para las cámaras ante un contenedor con las pruebas del delito: café y leche en polvo.

Unas cuadras más allá, soldados armados con fusiles AK-103 acababan de allanar un almacén mayorista donde fueron decomisadas 120 toneladas de arroz que, según autoridades, iban a ser desviadas al mercado informal.

Operativos como estos realizados en los últimos días en Catia, un barrio obrero en el oeste de Caracas, se repiten en Venezuela desde que el presidente Hugo Chávez declaró la guerra a los “acaparadores”, a quienes acusa de inflar los precios y provocar la escasez de alimentos en el país petrolero. “La batalla por los alimentos es parte de la seguridad del Estado”, explica el agente del Ministerio para la Alimentación, con un brazo apoyado sobre una carretilla con bolsas de café.

El control de la distribución de alimentos es estratégico para Chávez, que declaró la “guerra económica” a la burguesía a meses de las cruciales elecciones legislativas de septiembre. “Estamos poniendo orden en el tema de los precios”, dice el ministro de Comercio, Richard Canán, durante una visita al almacén de Catia para supervisar los operativos.

“Hay comerciantes que están sacando los productos al mercado informal. Eso es un delito y nuestro Gobierno va a seguir atacando a este tipo de comercios”, explica. Tras una agresiva campaña de expropiaciones, el Gobierno socialista dice controlar de un 20% a un 30% de la distribución de alimentos básicos en Venezuela.

Pero mientras los inspectores siguen revisando galpones, las autoridades han dado hasta ahora vagas explicaciones al embarazoso hallazgo de más de 80 000 toneladas de alimentos podridos importados por la distribuidora estatal Pdval, una unidad del gigante petrolero Pdvsa.

Chávez prometió investigar el escándalo y sigue visitando incansablemente fábricas expropiadas para mostrar que ahora funcionan mejor que cuando estaban en manos de lo que él llama la “burguesía parasitaria”.

En las últimas semanas intensificó sus ataques en contra de Polar, la mayor empresa de alimentos del país, a la que amenaza con expropiar de un momento a otro.

En ese clima, los comerciantes con inventarios abultados de productos que escasean en las tiendas, desde leche hasta papel higiénico, son potenciales blancos de inspecciones. “¿No será acaso que el poder adquisitivo ha disminuido y la gente no ha podido comprar la mercancía?”, dice José Guzmán, un asistente de la gerencia del almacén en el barrio de Catia. “El Gobierno está induciendo a este tipo de establecimientos a la quiebra”, añade.

Caracas, la capital, más cara que Londres

Según un estudio de la consultora Mercer, Caracas era en el 2009 la ciudad más cara de América Latina y ocupa la posición número 15 en el ‘ranking’ mundial por encima de Londres, Dubái y Los Ángeles. Eso obedece a la inflación en los alimentos, que anualizada a mayo fue de un 40,8%, superior a la inflación general anualizada de 31,2%, una de las más altas del planeta.

La situación es delicada para la nación petrolera que importa alrededor de un 70% de su comida. El Estado regula los precios de los alimentos básicos, pero los no subsidiados son importados a una tasa de cambio más de dos veces superior al tipo oficial de 2,6 bolívares por dólar aplicado a las compras de productos de primera necesidad.

Chávez responsabiliza de la escasez a la burguesía y creó una red de tiendas populares que venden alimentos básicos con descuentos de hasta un 40%. A las estanterías a menudo semivacías de esos supermercados van a parar productos como los decomisados en Catia.

Los agentes del Ministerio de Comercio realizan unas 5 000 operaciones de fiscalización cada mes. La mayoría en base a lo que funcionarios llaman “inteligencia social”, es decir las denuncias de los vecinos.

Comida descompuesta

La batalla de Chávez por controlar el suministro de comida sufrió un traspié durante las últimas semanas con la aparición de los contenedores con la comida podrida.

El Presidente se apresuró a exonerar al ministro de Energía, Rafael Ramírez, que como presidente de Pdvsa es responsable por la distribuidora de alimentos Pdval. El fiasco de los alimentos podridos llevó a la cárcel a un par de ex gerentes de Pdval y ofreció un blanco muy fácil para la oposición, que acusa a Chávez de mal administrador.

“De algún modo deben reponer todos los alimentos que se perdieron y esta es la manera más expedita”, dijo Guzmán, administrador del almacén intervenido en Catia.

Una vez que el ministro Canán abandonó el almacén de Catia, inspectores de camisas rojas empezaron a hurgar en las computadoras y los libros de la empresa ante la mirada grave de los empleados. “Estamos trabajando por una justa distribución de los alimentos”, explicó un funcionario.

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