10 de July de 2011 00:02

Aguiñaga: Habrá más control en Galápagos

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La Ministra de Ambiente. Marcela Aguiñaga sostiene que ahora se evalúan los 10 años de aplicación de la ley especial de las islas.

En el 2008, usted destituyó del cargo a la entonces directora del Parque Nacional galápagos, Raquel Molina. Un cable enviado por el consulado de EE.UU. en Guayaquil señala que ella salió del cargo porque se opuso a la concesión ilegal de permisos a una empresa turística. ¿Es eso verdad?

Rechazo que cualquier institución (foránea) difiera del poder que tiene la autoridad nacional a decidir quiénes son sus colaboradores. Molina venía de la administración anterior en el Ministerio de Ambiente. Una de las razones para su destitución fue que no había cumplido los indicadores de eficiencia como directora. Además, estuvo involucrada en escándalos de disputa con miembros de la Armada en Baltra. Y generó, desde mi punto de vista como administradora, el rompimiento de los diálogos con ciertos sectores de las islas.

¿Y su posición sobre la concesión de los permisos?

Efectivamente la ex directora negó el permiso a una embarcación, que permitía que su empresa fusione dos cupos para que operara un barco con turistas. No obstante, el operador turístico al sentirse afectado en sus derechos apeló la decisión de la Directora a la Ministra del Ambiente para que rectifique esa decisión. Mis abogados revisaron si era jurídicamente viable y, con base en un pronunciamiento, se autorizó la unión de cupos, lo que por cierto no es el primer caso, han existido muchas decisiones similares en diferentes administradores del Parque. Lo que se hizo estuvo apegado a derecho. Lamentablemente la señora Molina, al verse fuera del cargo, argumentó eso como la causa de su salida.

Según el cable, ella discrepó con usted, argumentando que la concesión era ilegal, por lo cual se negó a acatarla.

Así es, entró en discrepancia con el despacho ministerial. Pese a eso evaluamos sus indicadores de efectividad y su grado de conflictividad con diferentes sectores. Muchos de los problemas de Galápagos ocurren fuera de sus límites, son realmente de gobernabilidad con el sector pesquero, turístico, los municipios… decir que se la sacó por un motivo concreto es una apreciación subjetiva.

¿Qué pasó luego de la salida de Molina, quien es considerada una profesional honesta, defensora del ecosistema, que se opuso a los intereses económicos en juego, con un perfil político y no técnico?

No pasó absolutamente nada. Creo que la consideración de que el director del Parque debe ser técnico es equivocada porque se estigmatiza la política como una práctica sucia, cuando el arte de gobernar es la política. Yo necesito un director que se siente a hablar con operadores turísticos, agricultores, gobernadores, alcaldes… Los problemas graves de las islas están en los centros poblados. Nosotros debemos velar porque la población de Galápagos tenga salud, educación, servicios básicos. Si para eso el director del parque debe ser político bienvenido sea. Además, cabe mencionar que en esta administración se sacó a Galápagos de la lista de patrimonios en peligro de la Unesco. No es un tema de personas.

El manejo de Galápagos es muy complejo y delicado, por diferentes factores, la migración, introducción de especies, intereses económicos de sectores turísticos y pesqueros. ¿Cómo encontrar un equilibrio que no afecte el ecosistema frágil de las islas, cediendo a los intereses de grupos particulares?

Así es. Es muy complicado el manejo del archipiélago. Hoy estamos en el proceso de evaluación de los diez años de la aplicación de la ley especial de las islas. Hemos determinado que es necesaria una reforma legal, fortalecer el modelo energético, las actividades productivas, el ordenamiento territorial, establecer reglas claras en la inmigración. Actualmente estamos socializando el proyecto que será enviado al Presidente de la República.

¿Cómo se piensa fortalecer la gobernabilidad?

Precisamente uno de los mayores problemas que vivió el archipiélago ocurrió en el 2004, cuando se quiso dañar las instalaciones del Parque. Hoy estamos involucrando en los diálogos a todos los sectores. Los pescadores, por ejemplo, están abiertos a convertirse en operadores turísticos. Se han fortalecido políticas públicas importantes, se prevé una mayor asignación de recursos para los municipios. El Ingala desaparece, también las prefecturas. Hay un solo cuerpo colegiado, que es el Consejo de Gobierno, que genera políticas públicas y de planificación. Creo que hay que reformular el comité, desparecer los organismos que actúan de forma muy discrecional, revisar la carga tributaria de los ingresos.

¿Qué pasará con el manejo y concesión de los cupos a los operadores turísticos?

Los cupos que tienen los operadores existentes, casi se volvieron de su propiedad, tanto es así que los pusieron en sus activos contables. Vamos a un solo modelo en la entrega de cupos. Se formalizará un contrato estándar con el Estado. Tiene una cláusula con un plazo no menor a 15 años; deberán cumplir consideraciones tributarias y ambientales.

¿Habrá un límite?

Se propone no entregar más cupos luego del último informe del 2008. También se regulará la construcción de los hoteles.

¿Cómo se está enfrentando la inmigración ilegal?

Se fortalecerá el control migratorio, queremos normas claras, no hay posibilidad de regularizar a aquellos que llegaron luego de la expedición de la ley, hace diez años, no se dará amnistía a todos. Más bien se deben establecer sanciones a los residentes que se han prestado para que terceros accedan a residencias de manera dolosa. Por ejemplo, vamos a normar la obtención de la residencia a través de los casamientos.

Otro problema sensible es el de la pesca incidental de tiburones. Precisamente un cable filtrado por Wikileaks dice que el Gobierno legalizó la pesca incidental para obtener votos de los pescadores, a las puertas de las elecciones para la Asamblea.

Si bien el decreto nació en un período cercano a un proceso electoral, un mes antes se publicó en los medios que el Gobierno estaba promoviendo la matanza de los tiburones. En realidad lo que buscamos es corregir la práctica del aleteo (cortar las aletas de los tiburones). También derogamos el decreto que expidió Lucio Gutiérrez porque era absurdo, pues al prohibir la pesca incidental de tiburones estimuló el mercado negro, además ya no se contaba con estadísticas. Con el decreto se aplica el mismo control de Galápagos en la pesca de pepinos y langostas. Es decir que se controla a la llegada de la embarcación pesquera, en las caletas de los pescadores, donde están los inspectores del gobierno que exigen a los pescadores llenar un formulario, donde se especifica el tipo de pescados que obtuvieron, los datos de pesca incidental.

¿Actualmente que está ocurriendo con la pesca incidental de tiburones?

En el 2010 una organización internacional envió un comunicado al Gobierno señalando que es el único país que tenía un plan de protección para tiburones, que son especies migratorias. Hoy el país tiene una línea base para saber en que épocas se producen mayores descargas de tiburones, de qué tipos, para controlar las artes de pesca prohibidas. Se fortalecieron los mecanismos de control, hay más de 60 inspectores que cubren el 96% de desembarcos del Ecuador, 240 buques madre, que se quedan en altamar, y 4 000 fibras de pesca artesanal.

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