En Colombia el tema de discusión electoral ya no es si el oficialista Juan Manuel Santos vencerá el domingo a Antanas Mockus, sino determinar cuál fue el factor decisivo para acumular una ventaja.La respuesta es unánime: Santos acertó al cristalizar en un acuerdo nacional de 10 puntos básicos su llamado de formar un gobierno de “unidad”. Se trata de 10 planteamientos a los que difícilmente se resistió la mayoría de partidos y gremios para adherir a la campaña del Partido de ‘La U’.
En contraste, en las tres semanas de campaña, el candidato ‘verde’ no logró aterrizar en propuestas concretas su propuesta de legalidad democrática y relegó a un segundo plano la lógica de alianzas electorales.
Según Rodrigo Rivera, gerente de la campaña de Santos, el acuerdo de unidad permitió cumplir con el objetivo trazado en segunda vuelta: atraer distintas corrientes políticas y sociales en un acuerdo que él denomina de gobernabilidad.
En la práctica, el oficialismo sabía que ninguno de los 10 puntos del acuerdo del heredero del ‘uribismo’ generaría resistencias. Al contrario, resultaban altamente atractivos para los electores, pues se enfoca en combatir problemas cotidianos y de alta preocupación social, como el desempleo, la corrupción y los servicios de salud.
En efecto, los dos puntos centrales de su acuerdo al que han adherido conservadores, liberales… ofrecen que un integrante de cada familia tenga trabajo formal y que se garanticen servicios de salud y educación de calidad.
El analista Jorge Londoño dice que ambas propuestas resultan claves en un país en donde el desempleo llega al 12,6% y la informalidad supera el 50%; la pobreza aún rebasa el 45% de la población.
Junto a esas propuestas aparecen otras ocho a las que nadie ha puesto reparo, a excepción del izquierdista Polo Democrático, opositor ocho años del ‘uribismo’, y del Partido Verde, que auspicia la candidatura de Mockus.
Entre esos puntos está mantener las políticas de seguridad de Uribe, garantizar un buen gobierno, frenar la corrupción, fortalecer la Justicia y consolidar la institucionalidad y mejorar las relaciones con los vecinos. “ Es un acuerdo conveniente para el país”, sostiene Fernando Araujo, ex jefe del Partido Conservador que se alineó a Santos.
Incluso, en su afán de captar parte del electorado de Mockus y de Gustavo Petro (Polo Democrático), incluyó en su acuerdo propuestas afines a esas tiendas políticas: priorizar la atención a la población rural y conservar el potencial ambiental de Colombia.
De ahí que el analista Luis Arévalo sostenga que el acuerdo de unidad nacional de Santos sea “como una red con la que intenta captar la mayor cantidad de votos de todos los sectores”.
A tal punto ha llegado el éxito de esta fórmula, que el ex presidente liberal César Gaviria, quien condujo la oposición del liberalismo durante los ocho años del gobierno de Uribe, anunció esta semana que respalda a Santos.
Pero mientras esta estrategia de Santos cosecha apoyos impensados como los de Gaviria, la campaña de Mockus se ha enfocado en esta segunda vuelta en cuestionarla y atacarla. Entre otras razones, por considerar que hay un fuerte contenido “clientelista” detrás de la oferta de un discurso de unidad nacional.
De hecho, en los dos debates televisados de la segunda vuelta, Mockus ha sugerido que quienes rodean a Santos representan la corrupción y el reparto de prebendas en Colombia.
Los pueblos del sur del país viven con temor
A un día del balotaje presidencial en Colombia, los pueblos del sur del país, bajo influencia de la guerrilla de las FARC, viven en medio de una fuerte presencia militar y temerosos de alguna acción de los rebeldes en la elección. “Desde el 30 de mayo -primera vuelta electoral- cuando (las FARC) atacaron el pueblo no se han vuelto a hacer sentir.
Como si no estuvieran, pero sabemos que sí están aquí. En Caloto tanto silencio no es normal. Nos asusta. Vivimos una guerra que ahora mismo es en silencio”, dice Deyanira Rivera.
Rivera, miembro de la comunidad indígena Páez -que se declara neutral frente al conflicto-, coordina la oficina local de la Asociación Indígena del Cauca, que defiende los derechos de las comunidades que habitan estos pueblos enclavados en la coordillera central colombiana.
Rodolfo Maya, líder indígena del cabildo López Adentro y miembro de la llamada Guardia Indígena, indica que “es frustrante que ni siquiera podamos tener derecho a ir tranquilos a votar por un gobernante cuando la confrontación es entre ellos”, Ejército y guerrilla.
María Velasco, de la Junta de Acción Comunal de la vecina Corinto, recuerda que “en la pasada elección los guerrilleros atacaron con ‘tatucos’ (morteros artesanales) puntos militares apostados en lo alto del pueblo. “Hubo una reacción del Ejército y dejaron tres muertos, lo que hizo que muchos no votáramos”.
Los habitantes de esta población se abstienen de exhibir en sus casas y negocios afiches alusivos a alguno de los candidatos y todas las señales de tránsito en las carreteras tienen mensajes alusivos a las FARC.
Con tanquetas blindadas unidades del Ejército patrullan permanentemente la zona. AFP