Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, habla el viernes 26 de agosto de 2016, durante una rueda de prensa en Santiago de Chile (Chile). EFE
El Ejército chileno removió el viernes 26 de agosto del 2016, de la institución a seis de sus miembros, incluido un coronel, por el caso de un millonario fraude cometido con dineros fiscales, según informan hoy medios chilenos.
El presunto desfalco ascendería a más de 5 000 millones de pesos chilenos (USD 7, 5 millones), señaló una información de la radioemisora chilena BioBio, que cita un sumario administrativo que siguió el Ejército sobre el caso, en el que están vinculados una veintena de uniformados y miembros civiles de la institución.
Los involucrados habrían hecho desembolsos por facturas en las que se falsearon datos de, por lo menos, cinco proveedores, agregaron informes periodísticos. El caso adquiere gravedad, pues en los pagos se utilizaron dineros del Estado provenientes de la cuestionada ley Reservada del Cobre, una norma que obliga a la empresa estatal Corporación del Cobre (Codelco) destinar anualmente a las Fuerzas Armadas el 10 por ciento de las ventas del metal.
La disposición, que data desde 1958 y fue modificada durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet
(1973-1990), garantiza además que si la cantidad total del rendimiento del 10 por ciento fuera inferior a USD 90 millones, la diferencia deberá ser completada por el fisco.
El tema del fraude, que aún está bajo investigación por los tribunales de Justicia, llega en momentos en que Codelco, la principal productora mundial del metal, informó este viernes de la pérdida de USD 97 millones en el primer semestre de este año.
El presidente ejecutivo de la Corporación, Nelson Pizarro, dijo que le “encantaría” contar con los recursos de la
Ley Reservada del Cobre que se destinan para gastos reservados de las Fuerzas Armadas. El cobre es la principal fuente de ingresos del país. “La Ley Reservada es un proceso largo. Nos encantaría poder contar con esos recursos pero no se puede. El país y la autoridad (política) tienen que hacer la decisión del caso”, subrayó.