Jueza boliviana envía a prisión provisional al director general de Lamia

Los fiscales que allanaron hoy la sede de la aerolínea boliviana Lamia en Santa Cruz (este) detuvieron a su director general, Gustavo Vargas Gamboa, y confiscaron documentos y ordenadores dentro de su investigación sobre la responsabilidad de la firma en

Los fiscales que allanaron hoy la sede de la aerolínea boliviana Lamia en Santa Cruz (este) detuvieron a su director general, Gustavo Vargas Gamboa, y confiscaron documentos y ordenadores dentro de su investigación sobre la responsabilidad de la firma en

Los fiscales que allanaron hoy la sede de la aerolínea boliviana Lamia en Santa Cruz (este) detuvieron a su director general, Gustavo Vargas Gamboa, y confiscaron documentos y ordenadores dentro de su investigación sobre la responsabilidad de la firma en el accidente que causó 71 muertos en Colombia. EFE/STRINGER

La jueza boliviana Albania Caballero decretó el jueves 8 de diciembre de 2016, prisión provisional para el director general de la aerolínea Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, por el accidente que causó la muerte de 71 personas después de que un avión de la compañía se estrelló en Colombia.

Vargas enfrenta cargos por supuestos delitos de homicidio culposo, lesiones gravísimas, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y desastre en medios de transporte, informó un comunicado oficial de la fiscalía general del estado de Bolivia.

Lamia operó el vuelo que se estrelló el 28 de noviembre cerca de Medellín (Colombia), dejando 71 muertos, entre ellos los jugadores del club brasileño Chapecoense.

El acusado será enviado a la prisión de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz (este), donde tuvo lugar la vista cautelar y desde donde despegó el avión que llevaba a los jugadores, junta directiva y cuerpo técnico del club de fútbol brasileño Chapecoense, además de a varios periodistas deportivos.

El Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción de Santa Cruz tomó esta decisión basándose en riesgos procesales como el peligro de fuga y el de obstaculización de la investigación por su conocimiento de otras personas implicadas en los sucesos.

Vargas afrontó la vista cautelar después de pasar este miércoles en un hospital cruceño bajo custodia policial, ya que tuvo que ser internado para una evaluación sobre su salud tras haber sido detenido el martes.

El avión de la aerolínea boliviana, que trasladaba al club brasileño Chapecoense a Medellín, se estrelló el pasado 28 de noviembre a pocos kilómetros de la pista del aeropuerto de esa ciudad colombiana, donde el equipo debía disputar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional.

De las 77 personas que entraron en la aeronave, solo seis sobrevivieron a la tragedia: tres futbolistas, un periodista y dos miembros de la tripulación.

Fiscales de Bolivia, Brasil y Colombia se reunieron el miércoles en Santa Cruz para compartir información y analizar los próximos pasos en las investigaciones, así como constituir una comisión tripartita para trabajar en conjunto.

Las primeras investigaciones en Bolivia apuntan a negligencias graves en el plan de vuelo, especialmente falta de combustible para afrontar un eventual alargamiento del trayecto.

Asimismo, la fiscalía investiga supuestas irregularidades en la concesión de permisos de funcionamiento a Lamia, que operaba exclusivamente vuelos chárter.

El Ministerio Público también confiscó dos aviones de Lamia que estaban desde 2014 en un hangar militar en el centro del país. Al margen de las investigaciones por el accidente, la fiscalía de Bolivia también realiza pesquisas sobre las autorizaciones de funcionamiento de Lamia, dentro de las cuales hoy fueron allanadas las oficinas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), informó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.

También fue detenido esta mañana el exdirector de Registro Aeronáutico Nacional de la DGAC, Gustavo Vargas Villegas, hijo del director de Lamia.

Vargas Villegas es investigado por los delitos de "uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de deberes", dijo Guerrero.

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