16 de agosto del 2016 00:00

Las multas por utilizar el pito cansaron al vendedor de gas

Ayer, la Asociación de Distribuidores dio una rueda de prensa para anunciar la medida.

Ayer, la Asociación de Distribuidores dio una rueda de prensa para anunciar la medida. Foto: Evelyn Jácome / EL COMERCIO

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Evelyn Jácome
Redactora (I)
njacome@elcomercio.com

Cerca de 300 vehículos distribuidores de gas suspendieron desde ayer, 15 de agosto del 2016, la entrega de cilindros a domicilio en la capital. Rechazan las sanciones que han recibido los últimos meses por parte del Municipio de Quito por generar ruido excesivo en la calles. Su falta: pitar. Pero si no lo hacen, dicen, las personas no se enteran que el carro del gas llegó y no venden.

Unas 50 personas se reunieron la mañana de ayer en el centro de acopio de San Bartolo, para dar a conocer la medida. Gustavo Moncayo, presidente de la Asociación de Distribuidores del Distrito (al que pertenece cerca del 80% de los camiones que brindan el servicio), aseguró que se han emitido 75 sanciones con multas que van desde USD 83 hasta los 732. Multas excesivas, aseguran los vendedores.

Una de ellas es Amparo Vacacela, quien vende los cilindros en La Tola. Hasta el momento ha recibido dos multas de USD 315 y de USD 720.

Todas las mañanas sale con su camión desde las 07:00 hasta las 12:00. Cuando le va bien vende unos 60 tanques. Luego de haber recibido la primera multa, intentó no pitar, pero no logró vender ni la mitad.

Luego de descontar los USD 70 semanales que paga a su ayudante, sus desayunos y almuerzos, los USD 20 de combustible que gasta pasando un día, y el mantenimiento del vehículo, se lleva a casa, cada mes, USD 300. Ahora debe ir al Municipio para ver cómo financiar el pago de la multa. “Nosotros sí queremos mejorar, pero las multas nos están acabando. Somos pobres”.

Según Dani Gaibor, abogado de la Asociación, unos 300 distribuidores se unieron a la paralización. Esta es la segunda medida que el gremio tomó como protesta. La primera fue la presentación de una acción de protección ante la Judicatura de Pichincha en la que se pidió “que se reconozca la violación del derecho del trabajo ya que no se dan las condiciones necesarias para poder ejercer”.

Amparo Vacacela recibió dos sanciones por pitar. Asegura que la multa es excesiva. Foto: Evelyn Jácome / EL COMERCIO

Amparo Vacacela recibió dos sanciones por pitar. Asegura que la multa es excesiva. Foto: Evelyn Jácome / EL COMERCIO

Aseguró que el gremio está consciente de que el pito provoca contaminación acústica y ocasiona daños a la ciudadanía. Precisamente tienen una propuesta alternativa al uso de la bocina. Plantean la posibilidad de colocar un sonido musical, es decir una canción, que se alerte a la ciudadanía el paso del carro del gas.

Hay otra queja. Según el dirigente, cuando las notificaciones son entregadas, hay un espacio en el documento para la firma y un informe técnico en el que se especifique los decibeles alcanzados por el pito. De esos decibeles depende la multa, mientras más alto el ruido, mayor es la multa. Sin embargo, en tres de los documentos mostrados en la reunión, no hubo firma de técnico ni número de decibeles.

Aseguró que si no hay acuerdo con el Municipio, la suspensión seguirá y se tomarán más medidas. Según los dirigentes, en un solo día de paralización se está dejando de vender 30 000 cilindros a la gente.

La paralización puso en alerta incluso a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH). César Bravo, director de Control Técnico de Combustibles de la entidad, se reunió con los distribuidores y conoció sus peticiones. Dijo que el ente de control no intervendrá directamente en las decisiones, pero mediará para una solución.

Bravo se comprometió en pedir, esa misma semana, una brecha en la que suspendan las sanciones para poder dialogar. Todo con el objetivo de que la gente no se vea afectada.

“No queremos sancionar, sino dialogar, pero hay un marco regulatorio que prohíbe cualquier acción que propenda el desabastecimiento”, advirtió Bravo. La persona o institución que lo provoque recibirá una multa que puede ir entre 15 y 25 remuneraciones básicas.

Verónica Arias, secretaria de Ambiente, señaló que su deber es hacer cumplir la ordenanza 213 que regula la contaminación acústica. Explicó que la Ley de Tránsito dice que pitar es una contravención, y que, además, llegan denuncias ciudadanas sobre el ruido.

Arias explicó que la Asociación de Distribuidores quedó en hacer una propuesta para brindar el servicio sin pitar. Hubo varias opciones como, el uso de una canción, las llamadas telefónicas y programas dispositivos móviles, pero hasta el momento no han recibido la propuesta.

El Municipio, dijo Arias, está dispuesto a dialogar pero mientras se llega a un acuerdo, los controles seguirán.

En contexto

La mañana de ayer, los miembros de la Asociación de Distribuidores del Distrito Metropolitano de Quito paralizaron sus actividades como protesta antes el cobro de multas que alcanzan hasta los USD 732 por parte del Municipio por el uso excesivo del pito.

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