30 de agosto de 2016 16:13

Multa por USD 82,7 millones para Claro

Sofía Ramírez. Autoridades de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado anunció multa de USD 82,7 millones para Conecel.

Autoridades de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado anunció multa de USD 82,7 millones para Conecel. Foto: Sofía Ramírez / EL COMERCIO

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Sofía Ramírez

La Comisión de Resolución de Primera Instancia (CRPI) de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado impuso una nueva y millonaria multa a Conecel (operadora móvil Claro) por USD 82,7 millones.

El martes 30 de agosto del 2016, la entidad a través de una rueda de prensa, anunció que este operador económico tiene 15 días para desembolsar estos montos que equivalen el 5,37% del volumen total de sus ventas en el 2015.

Esta sanción económica se impuso debido a que la firma incumplió las medidas preventivas de un proceso anterior que consistía en suspender provisionalmente las cláusulas de exclusividad a contratos de arrendamiento para instalar radio bases, señaló Marcelo Ortega, presidente de la Comisión de Resolución de Primera Instancia.

Pero esta no es la primera multa que se le impone a la multinacional debido a las claúsulas de exclusividad. En abril del 2013, la misma Comisión multó por USD 138,4 millones a Conecel, en materia de competencia debido a que más de 1 500 contratos suscritos con dueños de terrenos en las que tienen instaladas sus radio bases, impedían que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) implementen sus equipos en esos predios, indicó Ortega.

Las cláusulas de exclusividad disponían a los arrendatarios, la prohibición de dar espacio en sus predios para que otras operadoras de telefonía móvil instalen sus equipos. Los USD 138,4 millones todavía no se han desembolsado debido a que Conecel presentó un recurso que se maneja en un proceso judicial que aún no ha concluido.

A finales del 2013, la CRPI de la Superintendencia del Control del Poder del Mercado abrió una nueva investigación en el proceso inicial para constatar que Conecel haya cumplido con la suspensión provisional en las cláusulas de exclusividad en los contratos. Y al determinarse el incumplimiento de las medidas preventivas se determinó la nueva multa de los USD 82,7 millones anunciada el 30 de agosto.

El presidente de la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia señaló que en caso de que Conecel presente un nuevo recurso para no cancelar la multa, el desembolso de los USD 82,7 millones se suspendería hasta tener un dictamen final de las autoridades competentes.

Teodoro Maldonado, director Jurídico de Conecel (Claro), indicó a este Diario que la última multa "es un nuevo abuso y violación de los derechos de la empresa”. En este último proceso no se tomaron en cuenta las argumentaciones jurídicas ni pruebas presentadas desde el 2013. Por lo que Conecel planteará todas las acciones legales en el país y, de ser el caso, en tribunales internacionales, dijo.

En total, Conecel tendría que pagar un total de USD 221 millones por procesos relacionados con las cláusulas de exclusividad en los contratos de arrendamiento para los terrenos en los que instalan sus antenas.

Maldonado sostuvo que la multinacional está preocupada por la falta de seguridad jurídica en el Ecuador. En el caso de las antenas - dijo- se abrieron dos procesos en las que Conecel demostró con pruebas que no habría prejuicio para la competencia y que se cumplió con las medidas preventivas dispuestas por la autoridad. Además, indicó que con esta política "extractivista" de recursos de la empresa "hasta la estabilidad de los colaboradores, con multas de esta naturaleza, podrían verse comprometidas".

Otro tema que también preocupa a Conecel (Claro) es el artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Dicha norma, vigente desde junio del 2015, establece que, a fin de evitar las distorsiones en el mercado de servicios de telecomunicaciones, las operadoras de servicios de telecomunicaciones que tengan más del 30% de participación del mercado en función del número de abonados o clientes del servicio concesionado pagarán un porcentaje de sus ingresos totales anuales, que van desde el 0,5% al 9%.

Por este artículo, la operadora de telefonía móvil Conecel al cierre del 2015 desembolsó cerca de USD 70 millones. Maldonado considera que este es un impuesto más, por lo que han presentado un reclamo a la autoridad competente.

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