El colectivo Mujeres por el Cambio pidió a la Secom la salida de Orlando Pérez de diario El Telégrafo. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO.
Por medio de una carta publicada el 15 de diciembre de 2016, el colectivo Mujeres por el Cambio pidió al titular de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), Patricio Barriga, la salida de Orlando Pérez, director del diario público El Telégrafo, tras la denuncia de violencia de género presentada por Gloria Ordóñez, de 24 años.
En el escrito, Mujeres por el Cambio dice que “por sentido ético y al haber atentado contra los derechos humanos de una mujer, debió voluntariamente haberse alejado de su cargo, al contrario se ha tomado unas vacaciones, pero claro costeadas con el dinero que le pagamos las y los ecuatorianos”.
El 14 de diciembre de 2016, la Empresa de Medios Públicos del Ecuador informó que Pérez tomó un período de vacaciones. El jueves 15 de diciembre, en un comunicado publicado en la página web de El Telégrado se dio a conocer que el medio encargó la Dirección Editorial del medio Público al economista Hernán Ramos.
En la misiva, Mujeres por el Cambio rechaza el pedido hecho por Pérez, quien el martes 13 de diciembre declaró en una conferencia de prensa, sin lugar a preguntas, que su tema era de carácter privado y que debe ser tratado con esas características.
“Manifestamos enfáticamente que los problemas causados por la violencia contra las mujeres no son de ninguna manera problemas privados, son temas de carácter público y político que deben ser tratados de manera frontal”, dice Mujeres por el Cambio.
El pasado 12 de diciembre de 2016, la estudiante universitaria guayaquileña Gloria Ordóñez de 24 años denunció públicamente haber sido víctima de agresiones físicas por parte de Pérez. Los hechos habrían tenido lugar el 5 de diciembre, cerca de la 01:00.
Según el relato de Ordóñez que consta en la denuncia, fue tomada del cabello “arrastrándome por toda la sala, me agarró del brazo izquierdo tratando a la fuerza de sacarme del apartamento pero no lo logró; me empujó contra el mesón de la cocina y producto del empujón hizo que me golpeara en la rodilla izquierda”.
Pérez, en su declaración ante las cámaras, aseguró que la denuncia se volvió mediática porque se busca agredir “mi imagen y mi trabajo, mi responsabilidad pública por defender unas ideas”. Posteriormente dijo que el tema era de carácter privado “y así será tratado en adelante”.
El 14 de diciembre, el Grupo Parlamentario de Mujeres señaló en un comunicado que rechaza la violencia “venga de donde venga” y envió su “voz de aliento a Gloria y el compromiso de velar porque se esclarezca este lamentable caso con total respeto a sus derechos como ser humano y como mujer a fin de erradicar la violencia de género”. La carta cierra con la frase “lo personal es político” de la escritora estadounidense Kate Millett.
El mismo día, Rosana Alvarado, asambleísta de Alianza País, dijo en su cuenta de Twitter, con mayúsculas, que la violencia “no es un tema privado. Es un delito” y adjuntó una imagen de la carta del Grupo Parlamentario.
Según Mujeres por el Cambio, tratar de forma pública los temas de agresiones a las mujeres servirá para “impedir que la violencia se afirme como las prácticas justificadas en concepciones y criterios misóginos, reproductores de las históricas formas de opresión y discriminación hacia las mujeres”.
Para el colectivo, el acto se agrava porque “el causante es un funcionario público que además por las tareas que desempeña, está en la obligación de promover el cumplimiento de los derechos de las mujeres establecidos en la constitución y en las leyes”. Pérez, sin embargo, dijo el 13 de diciembre que como periodista y como ciudadano ha apoyado las causas a favor de la mujer y los derechos humanos.
“Las pruebas están ahí, en mi trabajo, en el trato con mis compañeras, mis amigas y familiares, todas son testigos de mi conducta, de mi trabajo a favor del mayor respeto y en contra de la violencia“, dijo el comunicador. Sin embargo, Pérez no se refirió puntualmente a la denuncia en su declaración.
El colectivo exigió también “que el proceso judicial se desarrolle en estricto apego al debido proceso y que los órganos de justicia actúen con autonomía, celeridad y garantizando la vida e integridad física de la víctima”.