25 de enero de 2018 10:00

70% de mujeres agredidas se retracta y no acusa a su pareja

Elizabeth Suasnavas, secretaria de la Fiscalía de Violencia de Género, recoge una versión. Foto: Sara Ortíz / EL COMERCIO

Elizabeth Suasnavas, secretaria de la Fiscalía de Violencia de Género, recoge una versión. Foto: Sara Ortíz / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

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Sus manos estaban tan hinchadas que con dificultad podía sostener el bolígrafo para firmar la denuncia en contra de su pareja. Los ojos de María Belén parecían dos pelotas y sus brazos mostraban magulladuras.

Las heridas ni siquiera empezaban a sanar, pero la mujer ya aseguraba que fue ella quien provocó a su pareja para que la maltratara. “Él no es así, es bueno. Solo estaba ebrio”.

Alicia Reyes, perito en Psicología de la Fiscalía de Pichincha, atendió a la afectada y ayer (miércoles 24 de enero del 2018) contó que a esa reacción la denominan “síndrome de Estocolmo doméstico”.

Se trata de un fenómeno psicológico que padecen las víctimas de violencia de género días después de ser agredidas.

Se caracteriza porque las afectadas desarrollan un víncu­lo afectivo con su agresor. “Lo defienden, justifican sus actos, se retractan y hasta dicen a los jueces o policías que sus lesiones fueron accidentales”, explica la psicóloga.

En el denominado Protocolo Integral para la Atención de Víctimas de Violencia de Género, se dice que el 70% de las mujeres agredidas en el país se retracta durante el juicio.

La fiscal María Isabel Jiménez, especializada en este tema, dice que cuando las víctimas se niegan a acusar las investigaciones se complican, con el riesgo de que queden impunes, de que la agresión se repita con más fuerza y que incluso termine en femicidio.

Eliana tenía 29 años cuando fue asesinada por su pareja. El 2016, un año antes de su muerte, la Policía había acudido a su departamento por una llamada de emergencia de sus vecinos. Ellos alertaron que la mujer era golpeada por su pareja, pero al ver a los uniformados, Eliana dijo que los raspones que tenía en la cara se los había hecho jugando fútbol.

Tres meses después, la mujer presentó una denuncia en contra de su pareja, pero cuando fue llamada para que ampliara su declaración dijo que en realidad “solo quería darle un susto” al papá de sus hijos.

En mayo del 2017, su pareja la asfixió durante una pelea.
Desde agosto del 2014, cuando se incluyó el femicidio en el Código Penal, hasta el 31 de diciembre del año pasado 260 mujeres han sido asesinadas por cuestiones de género.

Estas cifras del Ministerio de Justicia muestran un incremento de casos en estos últimos cuatro años.

En el 2017, la Fiscalía recibió 4 128 denuncias por violencia física contra la mujer o la familia y 42 714 quejas por agresiones psicológicas.

El estudio más reciente de la Fiscalía sobre la violencia psicológica (2016) detalla que solo el 0,4% de las 36 702 denuncias llegó a etapa de juicio.

Erradicar la violencia contra la mujer es una política de Estado desde 1981, cuando Ecuador ratificó sus compromisos
internacionales en la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres
(Cedaw, siglas en inglés).

Anteayer (23 de enero), la Asamblea Nacional aprobó la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. La norma crea el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia, que estará integrado por 16 instituciones públicas que trabajarán en prevención, protección, atención y reparación de víctimas.

Sin embargo, el Código Integral Penal reconoce como derecho de la víctima a desistir de las demandas.

El artículo 11 determina que la persona agredida puede “no participar en el proceso o a dejar de hacerlo en cualquier momento”. Y también le ampara para no ser revictimizada, especialmente, cuando se la valore para obtener pruebas.
María Belén no solo desistió sino que presentó un escrito y pidió que se archivara el caso.

La fiscal Jiménez señala que las primeras 24 horas después de una agresión son claves. En ese momento, las víctimas aceptan realizarse los exámenes médicos, valoraciones psicológicas y rendir versiones. “Luego de 10 días, en promedio, la mayoría se retracta”.

El Protocolo de Atención a Víctimas indica que “el riesgo de muerte de la víctima es una amenaza real cuando hay episodios previos de violencia”.

Según la psicóloga Reyes, ese riesgo es mayor cuando las víctimas justifican la violencia. “Es que él me ama”.“Solo se porta así cuando vuelve donde su mamá”. “Es que es un buen padre”. “Me golpeó porque levanté la voz”. Esas son las frases más comunes que oye en su consultorio.

Los análisis psicológicos muestran que cuando una víctima se retracta es porque también depende afectiva y económica de su victimario.

Karla, una joven de 27 años, recuerda que después de que su novio fuera detenido por haberla pateado en la calle, su familia política le hizo sentir culpable por lo sucedido. “Incluso mi hija me decía ‘por qué le metiste preso a mi papi”.

Por eso, cuando acudió al juez dijo que sus moretones fueron hechos durante un asalto.

Pero como no pudo probarlo, su novio fue sentenciado a 2 meses de cárcel. Él está libre y ella decidió alejarse definitivamente de él. Ahora, ella recibe terapia en una iglesia cristiana en el norte de Quito. “Quiero aplicar a un préstamo para víctimas de violencia y empezar un negocio de mermeladas”.

Esta iniciativa, del Ministerio de Justicia, fue activada a inicios de este año, para que las mujeres maltratadas se independicen económicamente de sus agresores. Para este proyecto, el Gobierno destinará USD 10 millones.

El proceso

La persona maltratada puede presentar su denuncia con la cédula, en cualquiera de las 71 fiscalías especializadas o en la Policía Judicial.

La víctima es remitida a la Unidad de Peritaje Integral de la Fiscalía más cercana en donde, si acepta, se le realiza una valoración médico-legal.

Una psicóloga realiza la valoración médica de los aspectos emocionales de la víctima, para identificarqué se ha ocasionado por la violencia.

La Fiscalía puede grabar en audio y video el testimonio anticipado de la afectada. Esto sirve para que la víctima no vuelva a contar lo que le sucedió.

En la etapa de juicio, la víctima puede participar como acusadora. También tiene derecho a una indemnización integral.

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