Entre 13 y 25 muertos por intoxicación en penal venezolano

Entre 13 y 25 reclusos muertos y un centenar y medio de intoxicados se registraron en un penal del noreste venezolano, tragedia que las autoridades atribuyeron a un intento masivo de los presos de autointoxicarse con medicamentos.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios, informó la noche del miércoles, 26 de noviembre del 2014, que presos que realizaban una huelga de hambre en la cárcel de Uribana (Estado de Lara) “ingresaron violentamente al área de enfermería; asaltaron la farmacia y los talleres, procediendo a ingerir múltiples fármacos”, como antibióticos, antiepilépticos y antihipertensivos.

La insólita acción denunciada por el gobierno dejó, según el balance oficial, 13 reclusos muertos y 145 intoxicados en el penal que alberga actualmente a 3 700 internos, cuatro veces más que su capacidad prevista.

La protesta habría comenzado el lunes para denunciar lo que los reos califican como tratos inhumanos y violaciones a sus derechos humanos ordenadas por el director del penal.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) dijo a la AFP que según denuncias de familiares de los detenidos, estos se habrían enfermado tras beber agua entregada por las autoridades.

“Los presos no son tan estúpidos para tomarse un medicamento sin leer”, afirmó Humberto Prado, director de la ONG.

Prado también cuestionó el balance de víctimas y dijo que su organización contabiliza hasta este jueves unos 25 cuerpos recibidos en la morgue.

El familiar de un recluso de Uribana relató a la AFP que los presos son regularmente golpeados durante las requisas, la familia es maltratada, las visitas son limitadas a una por mes, se suministran alimentos descompuestos, el agua potable es racionada a pocos días por semana y que el hacinamiento en pequeños pabellones contribuye a propagar enfermedades como la sarna.

También dijo que este jueves el resto de los reclusos permanecían formados y desnudos en los patios del presidio. Esta información fue imposible de confirmar por alguna fuente independiente.

La Fiscalía venezolana designó un equipo de fiscales y expertos en criminalística para investigar los hechos.

Además de la intoxicación en Uribana, el miércoles la Fiscalía informó de la fuga de 41 detenidos que abrieron “un boquete en las paredes de los calabozos” de un centro de detención provisional en las afueras de Caracas.

Ambos hechos engrosan la lista de incidentes en el sistema penitenciario venezolano, caracterizado por hacinamiento, denuncias de atropellos a los derechos humanos, corrupción y violencia, tráfico de armas y drogas por parte de mafias al interior de las cárceles, al tiempo que el gobierno asegura aplicar un régimen de humanización y disciplina.

La cárcel de Uribana fue también noticia en enero de 2013 cuando 58 presos murieron tras una reyerta entre reclusos para obtener el control dentro del recinto. Sobre este penal la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió medidas provisionales en 2007 y requirió al Estado que adoptara las medidas necesarias para reducir la violencia y el hacinamiento, además de desarmar a los presos.

150 muertos en seis meses

En el primer semestre de 2014 en Venezuela murieron 150 reclusos en distintos episodios de violencia -como reyertas o motines- en varios centros, según el último informe del OVP.

En 2013, el número de muertes violentas en las cárceles fue de 506. A pesar de la reducción de 14% entre ambos años, el Observatorio asegura que los principales problemas en las cárceles venezolanas siguen siendo el hacinamiento, las condiciones insalubres y de desnutrición que afectan a los presos.

Así, por ejemplo, Uribana, que fue construida para albergar a 850 personas, tiene una población de 3.700 reclusos.

Paralelamente, en la mayoría de las prisiones el control lo tienen los “pranes” (líderes dentro de las cárceles) y sus bandas fuertemente armadas que constantemente generan enfrentamientos internos, entre otras razones por el control de los negocios de la droga y la conquista de espacios dentro de los penales.

El traslado de reclusos ha provocado motines que han devenido en el cierre de cinco cárceles, de donde han requisado arsenales con armas de guerra y drogas en poder de los reos.

Desde 2011, el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, implementó un plan de humanización penitenciaria para mejorar las condiciones de vida en las prisiones, desarmar a los reos y agilizar los procesos judiciales, todas políticas continuadas por su sucesor Nicolás Maduro.

El gobierno asegura que este régimen está “superando el viejo modelo” carcelario previo al chavismo, caracterizado “por las deplorables condiciones de irrespeto, descontrol, anarquía y vulneración de los derechos humanos".

En el primer semestre de 2014, la población carcelaria sumó 55 007 personas --contra una capacidad instalada de 19 000 -- , de la cual 64,56% son procesados, 31,58% fueron sentenciados y el resto cumple otras formas de pena.

“Es un régimen demasiado disciplinario. Lamentablemente se han manejado las cárceles con una política de control más que de atención y reinserción”, concluyó Prado.

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