5 de octubre de 2017 15:58

118 indígenas fueron asesinados en Brasil en 2016

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Agencia EFE

El Consejo Indigenista Misionario (CIMI) denunció hoy, 5 de octubre de 2017, que al menos 118 indígenas fueron asesinados en Brasil el año pasado y, aunque la cifra fue menor a los 137 casos ocurridos en 2015, los derechos y la propia vida de los indígenas continúan bajo amenaza.

El organismo vinculado al Episcopado presentó su informe sobre la situación en las aldeas correspondiente a 2016 y aseguró que "los retrocesos políticos que azotan a la mayoría de los brasileños tuvieron como uno de sus focos la apropiación de tierras ancestrales de los pueblos indígenas".

El informe hace referencia a medidas adoptadas por el Gobierno de Michel Temer que redujeron la superficie de reservas indígenas o que apuntan a la "apropiación de bienes comunes en ellas existentes, como madera, agua y minerales, entre muchos otros".

También reitera una antigua denuncia en cuanto a la precaria atención médica que reciben los indígenas y subraya la forma en que ello afecta sobre todo a los menores.

De acuerdo al informe, 735 niños menores de cinco años murieron en tierras indígenas en 2016 debido a las deficiencias de las redes de salud pública en esas regiones, frente a los 599 que fallecieron el año anterior.

Sin precisar las causas, el estudio también indica que durante el año pasado se registraron 106 casos de suicidios entre indígenas, 19 más que en 2015, y en que su mayoría ocurrieron en aldeas situadas en las márgenes de ríos que recorren el estado Amazonas.

Además, el CIMI constató 23 intentos de asesinato, 10 casos de amenazas de muerte, 11 de lesiones corporales dolosas, 17 de racismo y otros 13 de violencia sexual.

Otros casos relacionados por el CIMI con la violencia contra los pueblos indígenas fueron las "constantes invasiones o devastación" de sus tierras, de las que fueron registradas 59 en todo el país durante el año pasado.

Según el informe, en la mayoría de los casos esas "invasiones" fueron orquestadas por empresarios de la industria de la madera con el objeto de podar árboles en los territorios indígenas, pese a que todas esas tierras constituyen reservas medioambientales.

El CIMI apuntó que "un agravante" de esa situación es que esas "invasiones ocurren con frecuencia por la falta de apoyo de los organismos oficiales", a los que acusó de omitirse en su "deber" de impedir la acción de los traficantes de maderas. 

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