3 de January de 2010 00:00

¿Muerte cruzada?

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Juan Cuvi

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En un artículo que escribí para la revista La Tendencia en marzo de 2009 advertía, a propósito de las discrepancias internas del movimiento País, que “podríamos estrenar la muerte cruzada antes de lo imaginado”. 

No era difícil preverlo teniendo en cuenta que el tránsito del vértigo electoral hacia la conducción rutinaria del Estado implica entrar de lleno en las realidades de la política pura y dura.  Una de estas realidades, y quizás la más descarnada, se refiere a la defensa de intereses concretos.

El cortocircuito producido por la suspensión temporal de Teleamazonas así lo insinúa.  Las críticas a la propuesta original de la Ley de Comunicación, que algunos asambleístas del oficialismo venían expresando, y que estallaron con extrema dureza el día de la suspensión, podrían interpretarse más que como un desacuerdo conceptual o político como  reflejo de una cierta desconfianza respecto de los intereses que estarían detrás de una versión particular de dicha ley. 

Y no es para menos si está en juego la suculenta torta de los medios incautados por el Estado. Mientras no exista claridad sobre el cronograma, mecanismos y  voluntad política para su enajenación, como lo estipula la norma, no resulta descabellado sospechar que una mano empresarial esté moviendo las fichas.

El caso Teleamazonas tiene muchos ingredientes de una disputa empresarial.  A fin de cuentas, estemos o no de acuerdo con su programación, con su estilo o  línea editorial, es uno de los canales  mejor posicionados en el mercado mediático; para quien sabe de negocios es un factor que, de no ser controlado, tendrá al menos que ser debilitado.

Corresponde al Gobierno desvanecer estas inquietudes.  Hasta ahora, las propuestas para que los medios  incautados pasen a las universidades u organizaciones   no  tienen  eco. 

Y mientras persista la posibilidad de que su enajenación pueda beneficiar a nuevos grupos  con habilidades miméticas, o a personajes con pretensiones de magnates de la comunicación, la idea de que la ley únicamente persigue propósitos patrióticos y democráticos no resulta del todo convincente.

¿Olfatearon este riesgo los asambleístas  que manifestaron su fastidio frente a la medida de la Supertel,  auténtico misilazo contra el primer gran esfuerzo de concertación legislativa?  Es posible.  Ello explicaría su insistencia en continuar con el acuerdo aun a riesgo de que la confrontación con el Ejecutivo pase a mayores. 

Siempre será posible que la escaramuza de diciembre se resuelva mediante un severo llamado de atención. No obstante, el Ejecutivo ya anunció que, en caso contrario, la alerta de la muerte cruzada empieza  a titilar en el panel de mando de Carondelet.
Columnista invitado

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