9 de December de 2009 00:00

Mordaza

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Manuel Terán

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Hace cerca de tres años, conocidas las expresiones de los candidatos finalistas a la Presidencia, más de una duda asaltaba sobre el peligro que correría la libertad de opinión con cualquiera de ellos. 

Las críticas desde amplios sectores se centraban básicamente contra el  candidato populista de derecha.  La opinión no podía disimular la simpatía que les causaba un candidato con amplias opciones que, en el discurso, recogía lo que del centro a la izquierda habían sido  los postulados políticos de un sector de la población. 

Parecía que  había llegado el momento de poner en práctica esas teorías que en forma milagrosa iban a transformar el país, eliminar la pobreza y las  desigualdades; y, en fin, construir la antesala al paraíso, conducidos por quien incesantemente repetía lo que ellos deseaban oír.  No dieron crédito a quienes percibían en rasgos de intolerancia, concluyendo que si existían voces refractarias al cambio era porque ellas, de alguna manera, formaban parte de lo que se dio por llamar el “antiguo régimen”.

Sin embargo, al poco tiempo de iniciado el nuevo gobierno empezaron a sonar las alarmas.  Una campaña sostenida contra los medios de comunicación, agresiones verbales a periodistas, descalificaciones a los que discrepan con el Gobierno han sido la tónica de estos tiempos.  Como corolario, se encuentra próxima a expedirse una ley que permitirá al ejecutivo un control eficaz sobre los medios de prensa, en la que se contemplan sanciones administrativas que pueden llevar al cierre de una radio, un canal televisivo o un periódico, contrario de lo que debería suceder en un estado en el que impere el Derecho, donde la sanción debería ser impuesta únicamente por los jueces  luego del proceso  correspondiente.

Jamás en una sociedad democrática las sanciones, que pueden ser irreparables, deben estar a cargo de órganos administrativos. Eso corresponde exclusivamente a la justicia. Si el órgano regulador estableciere la existencia de una infracción debería acudir a los jueces para que impongan las sanciones pertinentes.  Pero la administración no puede pretender convertirse en juez y parte.  Sería inaudito que, si se siente afectada por el contenido de una noticia, imponga la sanción a través de su propio órgano controlador.

No se han hecho esperar las voces de protesta. Pero esto ya no tiene solución en la racionalidad jurídica. La disputa se la ha llevado equívocamente al plano político, cuando el Gobierno pretende convertir a los medios en sus oponentes. El poder siente que la prensa le disputa hegemonía, le resulta incómoda, estorba a su proyecto y, en consecuencia, hay que acallarla. Allí terminará la verdadera democracia.

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