5 de July de 2009 00:00

Mordaza argentina

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Enfoque Internacional

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El matrimonio gobernante se ha pronunciado con tal energía sobre una nueva ley de radiodifusión que se ha disipado cualquier duda sobre la inspiración política de la iniciativa.

Nada habría que objetar si la inspiración fuera buena. Pero de un proyecto en el que han redoblado su interés, más que en cualquier otro asunto, no cabe, precisamente por los antecedentes de los Kirchner en  libertad de expresión, sino esperar el riesgo de un tiro de gracia al pluralismo.

El proyecto confirma la sensación que había generado en nuestro ánimo: es una cuestión estratégica para los intereses del núcleo dominante en el poder.
El gran equívoco que han pretendido introducir los que alardean de progresistas es insuficiente cobertura para ocultar que en esta cuestión, como en tantas otras, más que remozar las instituciones, la política gubernamental produce, inevitablemente, fenómenos involutivos.

Algunas de las normas del proyecto, como las que pretenden introducir definiciones múltiples sobre los contenidos de los medios, parecen haberse inspirado en decisiones de gobiernos de facto.

La distorsión termina por emparentarse con una revolución militar que confió en el triunfo de la Alemania nazi y sentó las bases para la instauración de un gobierno que se apropió de muchos diarios, clausuró bastantes  e impidió con brutalidad que las minorías políticas accedieran a la radio y la televisión.
 Volver a recaer en una Argentina privada de la voz y  la imagen de quienes disienten del Gobierno  debería preocupar a todos. 

La actual propuesta oficial incluye todos los servicios de comunicación audiovisual. Es decir, sin respetar los convenios internacionales suscritos por nuestro país, por los cuales las frecuencias del espectro radioeléctrico constituyen un bien común de la humanidad y, por lo tanto, ajeno al dominio público de nación alguna. Estas solo pueden administrarlos como medios de comunicación de recepción abierta, libre y gratuita y a fin de canalizar la libertad de expresión e información.

Se explica, pues, el rechazo con el que ha sido recibida la iniciativa gestada en el Comfer. Se la ha criticado con severidad desde el ámbito de la radiodifusión, del derecho y de la cultura en general, con excepción del elenco de aplaudidores del oficialismo.

Con el pretexto de convertir en insoslayable la protección de los menores -protección específica con la que nos identificamos-, se avanza hasta poner en manos del Gobierno el control de todos los contenidos de las programaciones. Se trata de una temeridad poco novedosa. La "ley de la dictadura", como suele calificarse la legislación vigente, apuntaba exactamente hacia ese objetivo. 
 
La Nación, Argentina, GDA

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