31 de March de 2010 00:00

Morales promulga ley anticorrupción que implica a ex presidentes bolivianos

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La Paz, AFP

El presidente boliviano, Evo Morales, promulgó este miércoles una ley anticorrupción que define la continuidad de delitos que antes prescribían a los 10 años de cometidos, entre ellos el de enriquecimiento ilícito, provocando en la oposición temor a que se use como arma de venganza política.

Uno de los artículos de la nueva ley establece que los delitos son imprescriptibles, al sentar “la no extinción de los derechos y acciones que tiene el Estado, por el transcurso del tiempo, en los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, delincuencia económica y financiera”.

Lo estipulado anula una ley de 1990 que señalaba que estos delitos prescribían a los 10 años si no se presentaban demandas contra ex funcionarios públicos.

“Llegó la hora de sentar la mano a la gente que ha hecho tanto daño a los bolivianos”, dijo Morales en un acto en la casa de gobierno en el que confirmó la vigencia de la nueva ley.

Morales afirmó que a raíz de la nueva legislación -aprobada previamente por el Congreso, de mayoría oficialista- ex gobernantes y ex ministros, a quienes no identificó, “desesperadamente van transfiriendo sus bienes a otras personas”  para evitar un proceso de investigación y una eventual confiscación.

El presidente estimó que la nueva disposición causó temor en sectores de la oposición, generando que muchos de sus líderes huyeran del país.

“Algunas familias, personas, van escapándose de Bolivia”, señaló en su discurso, en alusión a la huida en lo que va del año de casi una docena de líderes de derecha, entre ellos los ex gobernadores Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes, el empresario Branko Marinkovic y el candidato a alcalde de La Paz Guillermo Fortún, que están requeridos por la justicia.

Morales había dicho la anterior semana que con la puesta en vigencia de la ley y para evitar más fugas él combatiría “personalmente” a los “corruptos”.

La nueva 'Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas' tiene 29 artículos.

Su aplicación alcanzará a todos los funcionarios, incluyendo “ex presidentes, ex vicepresidentes y ex ministros”, según establece uno de los artículos. También se extenderá a “personas privadas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras”.

El texto establece la confiscación de bienes cuando el juez lo decida y la protección de la identidad del denunciante. Otra de sus medidas es la suspensión del secreto bancario.

Las consecuencias de la ley podrían implicar a los ex presidentes opositores Jorge Quiroga (2000-2001) , Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez (2005) y al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997), acusados ante la justicia y el Congreso de firmar contratos lesivos para el Estado boliviano.

Los ex mandatarios consideraron días atrás, cuando la Ley estaba en trámite en el Congreso, que a simple denuncia pueden ser ahora investigados por presuntos delitos cometidos en sus gestiones y que recién son tipificados como imprescriptibles, como los referidos a “organización criminal”, “peculado” ,  “malversación”, “cohecho” o “uso indebido de influencias”.

Según estos ex gobernantes, lo que el oficialismo busca es anular todo vestigio de oposición, con el propósito de instalar un régimen absolutista.

Mientras, el abogado constitucionalista Carlos Alarcón afirmó que “en ningún sistema de derechos humanos se permite esa aberración de aplicar retroactivamente leyes, eso se lo hacía en el época de Segunda Guerra (Mundial), en el régimen nazista de Hitler”.

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