16 de abril de 2016 16:48

El destino de moradores de Bolaños aún es incierto

Reunión en el barrio Bolaños. Foto: EL COMERCIO

Reunión en el barrio Bolaños. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Quito
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En un pequeño cuarto, alrededor de 100 moradores del barrio Bolaños, en el norte de Quito, recibieron a personeros municipales. La mañana de este sábado 16 de abril, la expectativa entre los habitantes del lugar era la misma: cuál será el destino de sus hogares con la construcción de la denominada solución vial paralela al túnel Guayasamín.

El gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Alejandro Larrea, les informó que se analizará la situación de cada familia. Pero los cuestionamientos de los moradores no se hicieron esperar. Uno de ellos fue que se debió socializar la obra, que incluye la construcción de dos puentes y un intercambiador, antes de inaugurarla (hace 15 días).

Andrés Ninahualpa, quien ha vivido en el lugar desde hace más de 20 años, cuestionó que los hayan tildado de "ilegales e invasores". Aunque Larrea descartó que se hayan dado esos calificativos, el morador insistió en que nadie debe salir del barrio y que apenas "ahora se acuerdan que en el sitio viven personas".

Sin embargo, el funcionario insistió que la intención de la municipalidad es definir la situación de las familias del barrio y abrir un expediente por cada una de ellas. Para esto es indispensable que los habitantes de Bolaños entreguen la información del lugar: escrituras, planillas de servicios, el número de hogares que hay.

Los moradores indicaron que allí viven 94 familias y que el barrio tiene más de 60 años. No obstante, Larrea dijo que se hará un nuevo censo.

Pero aún nada está definido. Relocalización, expropiaciones, que se queden aquellos que se vayan a ver afectados por la obra fueron algunas de las opciones que se manejaron y que se seguirán analizando.

Los moradores insistieron en que no están en contra del progreso, sino que no les tomen en cuenta, como cuando se construyó el túnel Guayasamín. Les ofrecieron que tendrían transporte y este nunca llegó, aseguraron.

Larrea pidió disculpas por malos entendidos, pero no les ofreció aún una solución específica. Uno de los escenarios sería que todo el barrio se quede, otra que se relocalicen en otro lugar y una intermedia, que se queden los que no resulten afectados.

El director de Gestión de Riesgo, Alejandro Terán, recordó que en el 2012 ya se hizo un estudio en el que se identificaba que el barrio estaba en zona de riesgo. Anunció que posiblemente la próxima semana haya una jornada de capacitaciones para enfrentar posibles emergencias.

La obra tiene un plazo aproximado de 28 meses y una inversión de unos USD 131 millones. La obra se ejecutará mediante una alianza estratégica entre el Municipio y la firma China Road and Bridges Corp. (CRBC).

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