14 de agosto de 2017 00:00

Monte Sinaí, una zona pobre que se volvió ícono político

En Monte Sinaí se levantó un hospital público (fondo) y se pavimentan las calles. Foto:Enrique Pesantes/EL COMERCIO

En Monte Sinaí se levantó un hospital público (fondo) y se pavimentan las calles. Foto:Enrique Pesantes/EL COMERCIO

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 1
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Elena Paucar

Los nombres de sus 38 cooperativas de vivien­da hablan de fe. Voluntad de Dios, Nueva Vida, Ebenezer -una palabra hebrea que significa ‘Hasta aquí nos ha ayudado Jehová’-. Todas forman la extensa zona de Monte Sinaí.

En el relato bíblico, ese era el sitio donde Moisés recibió los diez mandamientos después del éxodo. En Guayaquil, es un territorio que sigue agrandándose hacia el noroeste de la vía Perimetral, y donde el éxodo de quienes buscaban suelo propio estalló hace siete años.

“Pero esto se formó antes”, dice Soraya Minda. Era 1996 cuando recibió la oferta de un terreno barato, al que llegaba después de atravesar un río con una soga atada a la cintura. “Desde ahí ya hablaban de legalizar, pero seguimos sufriendo por tener algo propio”.

La expansión de las cooperativas comenzó en los 90. Dos décadas antes, aquí solo había haciendas ganaderas y agrícolas, valles y cerros revestidos por bosque seco de la Costa.

Fue así hasta que los jornaleros se alzaron contra los hacendados y reclamaron ante el extinto Instituto Nacional de Desarrollo Agrario la repartición de parcelas a su favor. Así la tierra comenzó a fragmentarse con la venta informal.

Ya en el 2010, Monte Sinaí se expandió rápidamente. Un decreto intentó frenar su crecimiento, declarando área de reserva de seguridad por su cercanía al trasvase que lleva agua a la Península de Santa Elena. Entonces, los desalojos­ se multiplicaron, algunas fa­mi­­­lias fueron reubicadas, pero su crecimiento no se detuvo.

Desde esa época, al menos cuatro ministros de Vivienda han caminado por sus calles polvorientas. Aquí recuerdan bien sus nombres y sus promesas de legalización bajo distintos títulos: certificados de posición geográfica, adjudicaciones, resoluciones, entre otros.

Hay quienes conservan esos papeles, como Xiomara Jara, solo con la esperanza de alcanzar el título de propiedad. “Ha pasado mucho tiempo, queremos que la promesa se cumpla ya”. Es miércoles y ese es el tema de discusión de un grupo de líderes barriales que quiere sentarse a una mesa de diálogo con autoridades del Gobierno y del Municipio. Quieren definir los procesos, tiempos y costos para regularizar.

En el salón de una iglesia donde se reúnen hace calor. Y el debate eleva aún más la temperatura. Eso solo refleja la polémica política y social que se vive en Monte Sinaí.

Antes del 2010, la oferta de legalización venía de los ‘traficantes de tierra’, que pasaron de apoyar campañas políticas a ser perseguidos. Esta tierra ha servido de tarima electoral, ha dado candidatos, ha abierto el debate sobre los derechos humanos, fue sede del Tribunal Internacional de Desalojos -un foro social de resistencia-.

Y el 26 de julio recibió a la Asamblea Nacional por un día. Sesionó en el colegio réplica 28 de Mayo, que construyó el Gobierno por USD 3,6 millones. Dos días antes, el presidente Lenín Moreno comenzó aquí el plan Casa para Todos.

El Instituto Geográfico Militar calcula que en estos barrios ubicados a una hora del centro de la ciudad viven 133 000 personas (unos 26 600 hogares). Es quizá la parte más rural, llamada la ‘Capital Montuvia de Guayaquil’, donde todavía es posible ver gente a caballo.

Y aunque sus cooperativas tienen nombres esperanzadores, las cifras que perfilan a sus moradores no lo son tanto. La investigación socioeconómica ‘Monte Sinaí, herencia de los vulnerados’ (2012), de la corporación Hogar de Cristo, dio pautas de sus precarias condiciones. El 99% tenía ingresos menores al salario básico, el 54% era pobre, en el 48% de las familias solo trabajaba una persona (son núcleos de cinco miembros o más), el 52% solo completó la primaria, el 48% de las casas era de caña.

Luis Távara, director social de la corporación, cree que hoy esas cifras son peores. “No tenemos información actualizada, pero es la percepción que nos deja hablar con la gente cada día, que cuenta el impacto de la crisis económica”.

Pese a todo, su fe -muchos son evangélicos y testigos de Jehová- y las promesas de legalización los alientan. El más reciente anuncio les llegó a mediados de julio, de la actual ministra de Vivienda, María Alejandra Vicuña. Personalmente, les explicó que con las reformas al Reglamento de la Ley 88, el área beneficiada se amplía: ya no es la foto satelital del 2010 sino la de marzo de este año. Y que solo con la cédula y un formulario podrán tramitar la regularización; así, “el Municipio podrá avanzar con obras, dentro de sus competencias”.

En el Cabildo no está del todo claro el límite de esas competencias. El director de Obras Públicas, Jorge Berrezueta, muestra un mapa marcado con parches deformes, que delinean fragmentos de cooperativas. Es ahí donde planifican trabajar con pavimentación y alcantarillado hasta el 2020. “Esta división la hizo el Gobierno. En estos sitios esperamos, al menos, dejar la obra contratada”, dice.

Mientras las autoridades definen sus mapas, decenas acuden a diario a la oficina que el Miduvi adaptó en una casa de caña junto a la avenida Casuarina, la principal vía de acceso. Allí dentro, las carpetas con solicitudes de legalización se almacenan en cartones.

Unas 1 500 adjudicaciones ya han sido entregadas. El cronograma se extenderá hasta septiembre y hay quienes dicen que más gente ha llegado desde el último anuncio gubernamental. Quienes siguen el trámite no pierden la oportunidad de consultar cómo acceder al plan Casa para Todos. El presidente Moreno recorrió la Cooperativa Las Marías para entregar las primeras viviendas, sin ningún costo.

Este es, además, el primer barrio intervenido por el Gobierno, ubicado frente al nuevo hospital público que aún no funciona (con una inversión aproximada de USD 125 millones y USD 47 millones en equipamiento), con calles pavimentadas y en el que se instalan servicios de agua potable, electricidad e Internet.

Cynthia Alcívar espera que pronto llegue su turno, porque afuera de la suya colgaron el rótulo que la identifica como beneficiaria de una casa. “Estas cañas ya se están cayendo, esta casa sí que ha aguantado”. Lo dice porque es una de las sobrevivientes de los desalojos. Hace tres años, Las Marías parecía un campo de batalla. Policías y militares acorralaron la cooperativa y tumbaron decenas de hogares. “Nos salvamos por ella, porque estaba en mi barriga”, dice mientras abraza a Melina, su hija de 3 años.

En contexto

En Monte Sinaí el déficit habitacional es 62,65%, según el Miduvi. En julio se reactivó el trámite de legalización y el presidente Lenín Moreno lanzó el Plan Casa para Todos. Además, sesionó la Asamblea en homenaje a la ciudad.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)