8 de septiembre de 2015 21:29

Montecristi Vive defiende el derecho a la resistencia y apoyó a Acosta

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Redacción Política

Las declaraciones del presidente Rafael Correa, sobre su arrepentimiento al haber accedido a incluir el derecho a la resistencia en la Constitución de Montecristi, y a su vez atribuirle la idea a su excoideario Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente 2008, han generado reacciones.

De hecho, la agrupación Montecristi Vive emitió un manifiesto que, además de respaldar el derecho consagrado en la Carta Magna, plantea su respaldo a Acosta.

En el documento, firmado por el coordinador del movimiento, Juan Cuvi, se apela a que el Gobierno Nacional "ha vuelto a poner de manifiesto su talante autoritario y antidemocrático... aduce no haber estado de acuerdo con su aprobación (a la resistencia) en la Asamblea Constituyente y, de paso, personaliza la decisión de incluirlo en la figura de Alberto Acosta. Con este peregrino argumento el presidente Correa desconoce no solo el proceso colectivo que significó la Asamblea de Montecristi, con una amplia participación de sectores sociales, sino la misma construcción histórica de la resistencia popular como elemento central de la democracia en el Ecuador".

Aunque, en sus declaraciones, Correa sí recordó que la decisión no pudo tomarla Acosta, sino los asambleístas constituyentes. Y que el texto redactado y votado en Manabí fue apoyado por la ciudadanía mediante una consulta popular.

En el documento de Montecristi Vive consta el apoyo al derecho consagrado en el artículo 98 de la Constitución. Y deja claro su postura respecto de las declaraciones de Correa: "...el Gobierno Nacional quiere –como ya lo ha manifestado en otras ocasiones– una Constitución que restrinja derechos humanos fundamentales para la convivencia democrática, como la resistencia y la participación sociales. Y, a la vez, se solidariza con las acciones ejecutadas por Acosta en la Asamblea Constituyente y se hace un llamado a que las organizaciones sociales y de izquierda defiendan "este derecho e impidan que se meta mano a la Constitución... La participación y la resistencia sociales constituyen derechos humanos universales, inalienables e imprescriptibles, consagrados en los principales marcos jurídicos del planeta. Suprimirlos implica un gravísimo retroceso histórico".

Aunque desde el oficialismo se ha hablado de un segundo paquete de enmiendas, además de las 16 que ya están en proceso en la Asamblea Nacional y que no incluyen el tema del derecho a la resistencia, no hay una propuesta concreta.

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