14 de June de 2009 00:00

Una misión riesgosa

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Florence Thomas

Hace más de dos años fueron asesinadas Yolanda Izquierdo, Carmen Cecilia Santana, Osiris Jackeline Amaya Beltrán y Judith Vergara, víctimas del conflicto
armado y líderes de sus comunidades, quienes acompañaban procesos de reclamación de sus derechos a la verdad  en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

La Alianza de Mujeres Colombianas por la Paz  presentó una acción de tutela, que fue conocida por la Corte Constitucional y se emitió una sentencia que obliga al Estado a crear un plan integral de protección de víctimas y testigos  con enfoque de género.

Pero un  año después de emitido el fallo,  el gobierno de Uribe no ha hecho la tarea. Y, con este propósito, es importante recordar que las sobrevivientes del conflicto son en su mayoría mujeres y representan el 70,6% de quienes  reclaman sus derechos.

Muchas de ellas, que aún viven en zonas de conflicto  y que son  altamente vulnerables, desconfían de las autoridades en razón de la difícil situación que sufren.

El conflicto armado tiene sobre las mujeres un impacto desproporcionado, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008. Este impacto se traduce en lo que se conoce hoy en día como la doble vulnerabilidad: son víctimas del conflicto a quienes su particular condición de género les agrava los estragos del mismo, entre otros, el de ser sometidas a violencias sexuales por parte de los actores armados.

Pensar en medidas de protección para ellas significaría una real voluntad política del Gobierno, que responda a sus necesidades, particularidades y condiciones de vida, y garantice apoyo psicosocial, atención en salud y educación y el restablecimiento, tanto de sus derechos, como los de sus hijos e hijas. Es decir, una política que les proporcione la posibilidad de continuar con sus vidas, a pesar de las difíciles condiciones de seguridad que deben asumir por haber tomado la decisión de reclamar derechos para sus familias y sus comunidades.

Y mientras ellas tienen que someterse en su acontecer diario a condiciones extremadamente riesgosas, con el peligro latente de ser asesinadas, sus victimarios gozan de plenas garantías en relación con sus derechos.

Para que el actual proceso de Justicia y Paz  tenga éxito es imprescindible un acceso real y efectivo de las víctimas a los procesos bajo un eje diferencial.

Queremos reafirmar que las denuncias de violencia  contra las mujeres en el marco del conflicto armado  siguen siendo marginales y poco reconocidas, lo que ha traído como consecuencia la minimización de sus efectos y la ausencia de procesos serios de  reparación para ellas. ¿Cuántas mujeres más tendrán que ser asesinadas para que sus reclamos sean tenidos en cuenta?

El Tiempo, Bogotá, GDA

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