22 de junio de 2017   00:00

Ministerio de Finanzas se niega a reconocer la deuda con el IESS

Área remodelada de diálisis del Hospital del IESS Teodoro  Maldonado. Foto: Archivo/EL COMERCIO

Área remodelada de diálisis del Hospital del IESS Teodoro Maldonado. Foto: Archivo/EL COMERCIO

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Sebastián Angulo

El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, aseguró que acudirá a otras instancias para determinar si existe una deuda entre el Estado y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pese a las conclusiones de un informe de Contraloría que señalan que la acreencia existe y debe registrarse.

“Se tiene que analizar si efectivamente existe una obligación. Estamos hablando de una cantidad importante de recursos de todos los ecuatorianos”, sostuvo el titular de Finanzas, en entrevista con este Diario.

En el informe DAAC-0059-2017, publicado el martes 20 de junio de 2017, la Contraloría dispuso al Presidente y a los miembros del Consejo Directivo del IESS que dispongan que se revele y actualice la deuda del Fisco en sus estados financieros.

Pero De la Torre aseguró que la Contraloría es solo “una instancia”, pero “hay otras adicionales que podrán hacer sus exámenes” y añadió que una definición sobre el tema entraría “en el campo del derecho”.

Tras conocer el informe, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, anunció que acatará las recomendaciones del organismo de control. La tarde de ayer, 21 de junio, el Consejo tenía previsto reunirse para acoger el informe del ente de control. Según Espinosa, la deuda por atenciones médicas suma hasta este mes USD

2 878 millones. De ese monto, USD 1 968 millones deberán ser cubiertos por el Estado, específicamente por atenciones a jubilados, jefas de hogar y personas con discapacidad. Y el resto, 910 millones, corresponde al pago de enfermedades catastróficas con cargo al Estado, empleadores y afiliados.

La Ley de Seguridad Social determina que las enfermedades catastróficas deben financiarse con un fondo compuesto con el aporte de esos tres actores, pero este mecanismo nunca se creó.

En enero del 2015, el entonces presidente Rafael Correa señaló que mientras se crea ese fondo las atenciones de este tipo de afecciones debían hacerse en las unidades médicas del Ministerio de Salud Pública. Pero, en la práctica, el IESS no dejó de prestar estas atenciones.

Espinosa ofreció enviar una carta al Ministerio de Finanzas para solicitar el pago de los valores que corresponden al Estado.

Pero De la Torre aseguró que hasta las 15:30 de ayer todavía no le llegaba ninguna comunicación. Aseguró que cuando reciba la notificación trazará una hoja de ruta para acudir a otras entidades -aunque no precisó a cuáles- para analizar de manera técnica y conversar con las otras entidades involucradas.

En caso de que se determine si hay deuda, De la Torre añadió que buscará determinar la cantidad y posteriormente definirá cómo se debería pagar al Seguro Social.

“Haremos el análisis respectivo, las conversaciones necesarias. Los acercamientos con el propio IESS, ya que esta situación debemos darle el cauce adecuado en función de los intereses del país y sin afectar a los ecuatorianos en general ni a los afiliados”, insistió.

El artículo 92 de la Ley Orgánica de Contraloría señala que las recomendaciones de este organismo, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, “deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio”.

En tanto, el presidente del Consejo Directivo del IESS comentó el lunes pasado que el pago que deberán hacer afiliados, empleadores y Estado para cubrir los valores pendientes por enfermedades catastróficas deberá determinarse por Decreto, debido a la falta de reglamento.

El funcionario anunció que solicitará una reunión con el presidente Lenín Moreno para definir este tema.

El Decreto, según Espinosa, deberá definir el porcentaje de aporte que deberán hacer afiliados, empleadores y Estado y, además, si estos pagos deben hacerse de manera retroactiva o desde ahora en adelante.

En contexto

La Contraloría General del Estado, tras realizar un examen especial a los valores adeudos por el Estado al IESS, determinó que la entidad debe restituir los USD 2 527 millones, que eliminó de sus estados financieros el 2016. 

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