Ministro de Humala renuncia para evitar ser censurado por el Congreso

El ministro de Justicia de Perú, Gustavo Adrianzén, renunció el martes 20 de octubre al cargo para evitar su posible censura en el Congreso, que lo acusaba de intentar impedir que los procuradores del Estado declaren sobre las denuncias de presunta corrupción que se hacen contra la primera dama, Nadine Heredia.

Adrianzén anunció hoy su "renuncia irrevocable", dos días antes de que el Congreso debatiera una moción de censura en su contra que previsiblemente iba a ser aprobada, dada la mayoría que tiene la oposición en el Legislativo.

El ahora exministro explicó en una rueda de prensa que el presidente Ollanta Humala aceptó su dimisión tras comunicársela esta mañana, luego de que oficializara la destitución de la abogada Julia Príncipe como procuradora de Lavado de Activos.

Adrianzén había sido acusado de impedir que los procuradores del Estado declaren a los periodistas sobre el caso Heredia, lo que llevó a una polémica pública con la procuradora Príncipe.
La destitución de la procuradora ha sido criticada por diversos sectores políticos e incluso el presidente del Congreso, el opositor Luis Iberico, la consideró "un golpe a la lucha contra la corrupción en el país".

Iberico también aseguró que no existe la intención de iniciar censuras contra los ministros y dijo que Adrianzén estaba siendo sometido a un proceso "totalmente democrático y constitucional."

El consejo de ministros en pleno compareció el lunes ante los periodistas encabezado por el primer ministro, Pedro Cateriano, para manifestar su apoyo a Adrianzén y denunciar "ciertas señales que pretenden generar un ambiente de inestabilidad política", supuestamente provenientes del Congreso.

Cateriano señaló que se podía afectar al proceso electoral que se celebrará el próximo año, algo que hoy fue negado por Iberico, quien sugirió que el presidente Humala convoque de una vez a las elecciones generales que deben celebrarse en abril de 2016.
En medio de este escenario, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió hoy que Nadine Heredia deberá seguir siendo investigada por la presunta comisión del delito de lavado de activos, tal como solicitó la Fiscalía.

La decisión del TC dejó sin efecto un fallo judicial que admitió un hábeas corpus a favor de Heredia y otras personas de su entorno para evitar que continúe la investigación de la Fiscalía por considerar que ese tema es "cosa juzgada".

La Fiscalía ha investigado a Heredia en los últimos meses por una denuncia de presunto caso lavado de activos por los aportes que recibió el Partido Nacionalista durante las campañas electorales de 2006 y 2011.

También ha ordenado un peritaje grafotécnico a cuatro agendas que se atribuyen a Heredia y que la oposición considera que contienen información contable sobre los aportes que recibió el nacionalismo.

Heredia niega que esas agendas le pertenezcan e indica que ya ha sido investigada por presunto lavado de activos en el período 2005-2009, por lo que considera que el tema debe ser archivado.
Por su parte, la presidenta del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló hoy que la destitución de Príncipe fue una "decisión de Palacio de Gobierno" y aseguró que el presidente Humala está "acorralado por una coyuntura que cada vez se desborda más."

"El presidente vive en el permanente dilema de tener que decidir entre los destinos del país y la situación judicial de su esposa, y está decidiendo por esto último", afirmó.

Fujimori, quien ocupa el primer lugar en la intención de voto previa a las elecciones del próximo año, emplazó a Humala para que separe a su esposa de las funciones de primera dama.
"La señora Nadine Heredia debe pasar a ser una ciudadana más, sin el poder que viene usurpando, mal usando el título de primera dama de la nación", aseguró antes de decir que "debe responder a la Justicia lejos de Palacio de Gobierno."
Keiko también le planteó al primer ministro Cateriano que se releve al ministro del Interior, quien era el jefe directo de Príncipe, y convoque a un jurista de renombre para que ocupe el despacho de Justicia.

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