21 de mayo de 2015 20:26

Según el Ministerio del Interior, la detención de David Rosero no fue arbitraria

Audiencia de formulación de cargos a David Rosero y cuatro personas más en la Corte Nacional de Justicia. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Imagen de la audiencia de formulación de cargos a David Rosero y cuatro personas más en la Corte Nacional de Justicia. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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El Ministerio del Interior aseguró este jueves 21 de mayo que la detención del vocal del Consejo de Participación Ciudadana, David Rosero, y de otros cinco ciudadanos, ocurrida el lunes 18 en Ibarra (Imbabura), se efectuó “precautelando sus derechos humanos”. Según esa Cartera de Estado, la Policía ejecutó varios operativos de control y orden en las afueras de las instalaciones del Fondo de Cesantías del Magisterio Ecuatoriano (FCME) en varias ciudades, luego de que la entidad pasara a formar parte del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

En Ibarra, Rosero y cinco dirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) trataron de evitar el allanamiento de la oficina del Fondo de Cesantía, exigiendo al interventor del IESS y al agente Fiscal de Imbabura, Rosa Ulcuango, los documentos que avalen dicho operativo. En el lugar, decenas de policías que custodiaban a los funcionarios del IESS y la Fiscalía procedieron a desalojar a los profesores manifestantes.

El Ministerio, sin embargo, dice que actuó con irrestricto respeto a los derechos humanos, “rechazando la campaña desinformativa del señor Rosero”. Luego de las detenciones, los ciudadanos fueron sometidos a unos exámenes médicos para verificar su estado de salud, posteriormente, en un bus, fueron trasladados a la ciudad de Quito para la formulación de cargos en la Unidad de Flagrancia.

La tarde del miércoles 20 de mayo, el Fiscal de turno puso en libertad a los acusados, con la condición de que se presenten cada semana para la instrucción de cargos. Según el Ministerio Interior, para el Fiscal quedó claro que las detenciones efectuadas por los miembros policiales “no fueron de ninguna manera arbitrarias o ilegales”.

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