En el 2010, los militares comenzaron a realizar controles de armas como parte de las actividades de seguridad interna. Foto: Archivo EL COMERCIO
El arma es de “corto alcance”. Su disparo alcanza los 115 m y en EE.UU. la gente la usa para autodefensa y práctica de tiro por la comodidad que brinda en el momento de disparar.
Es la pistola 9 mm que en Ecuador manejan, por ejemplo, los oficiales de las Fuerzas Armadas. Con este armamento, los soldados realizan los patrullajes de seguridad interna y el jefe del Comando Conjunto, general Luis Garzón, dijo que no habrá modificaciones luego de la aprobación la Ley de Seguridad Pública, el 15 de mayo.
Esta ley plantea que las Fuerzas Armadas, sin descuidar su misión fundamental de defensa externa, “intervendrán, por disposición del Presidente de la República, en la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y la seguridad ciudadana”.
Pero, ¿cómo está equipada la Fuerza Terrestre? Según la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Finanzas, el año pasado, el Gobierno invirtió USD 7,14 millones en armamento para el Ejército.
También se destinaron recursos para la ampliación de la infraestructura de “transporte liviano”. Para helicópteros multipropósito se destinaron al menos USD 29,58 millones.
El Ejército siempre ha usado material bélico pesado, pues la Constitución (art. 158) le da tareas de “defensa de la soberanía y la integridad territorial”.
Por ello, ahora entes internacionales de derechos humanos se han pronunciado de forma reiterada sobre el tema y han hecho observaciones a la intervención militar en la seguridad ciudadana y a la formación de los soldados.
De hecho, la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH)
ha reiterado que los militares, en general, carecen de entrenamiento adecuado para al control de la seguridad ciudadana. Mientras se debatía la Ley de Seguridad Pública, el legislador oficialista Fernando Bustamante, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, dijo que acoge este tipo de observaciones.
No obstante, puntualizó que en el inciso segundo de la nueva normativa se establecen las obligaciones de preparar los planes adecuados para capacitar y entrenar de manera idónea a los soldados. “Esto para que cuando sean llamados a intervenir de manera ocasional, para temas específicos, lo hagan con perfecta competencia en función de la misión que les sea encomendada”.
Y el Comando Conjunto ya anunció que se han empezado a dar los primeros pasos en este ámbito. El general Garzón señaló que la capacitación de los uniformados ecuatorianos tendrá una ligera variación en las mallas curriculares, como profundizar en temas de Derecho Internacional y DD.HH.
Para Víctor Hugo Garcés, presidente de la Asociación de Generales y Almirantes retirados de las FF.AA., el apoyo a la Policía en las tareas de seguridad interna no es nuevo, pues siempre se lo ha hecho. A su juicio, la aprobación de la Ley de Seguridad fue apresurada.
Como ejemplo, cita que desde hace cuatro años los militares hacían patrullajes en las ciudades. Primero por un Estado de Excepción de 60 días y luego por una orden judicial.
El fortalecimiento en la adquisición de equipos militares se enlaza con las reformas institucionales que plantean el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las FF.AA.
De hecho, una de las metas del Plan Nacional de Seguridad Integral 2014-2017 es la “adquisición de armamento de mayor y menor calibre para la Fuerza Terrestre”. Esto dentro de las tareas en las que las FF.AA. contribuyan a la seguridad interna.
Como parte de la inversión en las reformas a las Fuerzas Armadas, el Gobierno tiene previsto invertir USD 1 558 millones en los próximos tres años. Según el presidente de la República, Rafael Correa, el rubro también cubre la adquisición de tres aviones caza, de fabricación española.
A esto se sumó, en el 2013, el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Militar con una inversión de USD 2,63 millones. También la modernización de dos unidades submarinas a un costo de USD 25,07 millones, así como compra de armas para la FAE en USD 3,53 millones.
En contexto
La adquisición de armamento de mayor y menor calibre y de equipos para la Fuerza Terrestre son parte de la reforma institucional que plantea el Gobierno. A eso se suma que los militares serán preparados para dar apoyo a la Policía en las tareas de seguridad interna.