5 de mayo de 2016 19:24

Militares en servicio pasivo se reúnen para analizarayuda a damnificados y devolución de USD 41 millones

Los militares en servicio pasivo se reunieron en el edificio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, para analizar las medidas de ayuda a los damnificados y el informe de la recomendación de la Contraloría, en el caso Samanes. Foto: EL C

Los militares en servicio pasivo se reunieron en el edificio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, para analizar las medidas de ayuda a los damnificados y el informe de la recomendación de la Contraloría, en el caso Samanes. Foto: EL COMERCIO

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Fernando Medina
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A puerta cerrada, los representantes nacionales de los militares ecuatorianos en servicio pasivo se reúnen en el edificio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), en el norte de Quito. Los puntos que tratarán se refieren a la ayuda para los damnificados por el terremoto y la devolución de USD 41 millones al Estado.

Bolívar Silva, coronel en servicio pasivo y vocal en el Consejo Directivo del Issfa, explicó que el primer punto a tratarse en la reunión se refiere a la aceptación de todos los integrantes para donar un día de pensiones de todo el personal en servicio pasivo a los damnificados por el sismo del 16 de abril en el sur de Esmeraldas y en Manabí.

El segundo punto -según Silva- será analizar el examen especial que la Contraloría General del Estado (CGE) realizó al contrato de la venta de 66 lotes del parque Samanes en Guayaquil por parte del Instituto al Ministerio de Ambiente (MAE). Esto debido a que Procuraduría detectó un pago de USD 41 millones en exceso por los terrenos.

En el documento de 45 hojas de la Contraloría se recomienda la devolución de ese monto debido a que en 2010 el MAE canceló la suma de USD 48 millones, según un avalúo de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros del Miduvi (Dinac) y no del Municipio de Guayaquil, tal como lo exige la Ley de Contratación Pública.

Entre las conclusiones del examen se lee que "se debía considerar el avalúo catastral actualizado por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad de Guayaquil, que constituye la localidad donde se encuentran ubicados los predios de la negociación; ocasionando que el Ministerio de Ambiente cancele al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, un valor en más de USD 41 millones".

Mientras que en una de la recomendaciones se indica que tanto el Ministro de Ambiente como el Director General y los Miembros del Consejo Directivo del Issfa "ejercerán las acciones necesarias para recuperar y devolver, respectivamente, los valores pagados en exceso".

Silva recalcó que en el informe no consta la firma del contralor Carlos Pólit, por lo que "no hay obligatoriedad en cumplir" la recomendación de devolución de los USD 41 millones. Explica que restan algunas instancias legales para determinar la devolución y que los militares pasivos "no permitiremos que se toque nuestro patrimonio".

Y el tercer punto a tratarse en la reunión es un intercambio de ideas sobre la ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas y posibles cambios en este cuerpo legal. Además, sobre la deuda del Estado con el Issfa que es de USD 371 millones.

Al mismo tiempo, en los exteriores del Issfa, un grupo de unas 30 personas pertenecientes al colectivo Juntos por la Revolución Ecológica realizan un plantón. Lucía Andrango, representante de la organización, comunicó que solicitan la devolución de los USD 41 millones por el caso Samanes, para que el gobierno los utilice en la reconstrucción de las zonas afectadas en Manabí.

Los integrantes de un colectivo realizaron un plantón, en los exteriores del Issfa. Foto: EL COMERCIO

Los integrantes de un colectivo realizaron un plantón, en los exteriores del Issfa. Foto: EL COMERCIO

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