13 de febrero de 2016 00:00

Militares retirados arman una veeduría para vigilar el Issfa

La noche del jueves, militares (r) protestaron en la sede del Issfa, en Quito, por el polémico descuento de USD 41 millones. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO

La noche del jueves, militares (r) protestaron en la sede del Issfa, en Quito, por el polémico descuento de USD 41 millones. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO

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Javier Ortega
Redactor (I)
jortega@elcomercio.com

En 33 páginas de la escritura se detallan los acuerdos a los que llegó el Ministerio del Ambiente con el seguro social militar (Issfa), por la compra de 66 lotes en Samanes, Guayaquil, en diciembre del 2010.

Dos cláusulas, la novena y la undécima, son la base legal que utilizan los militares retirados para “rechazar” el descuento “ilegal e inconstitucional” de USD 41 millones a las cuentas de su seguro, por un aparente sobreprecio en la transacción de los terrenos.

EL COMERCIO accedió a la escritura. El noveno punto de ese documento se titula Aceptación, y se dice que el Issfa y Ambiente aprueban el total contenido de las cláusulas porque van en beneficio de sus intereses y, en consecuencia, nada tiene que reclamarse en lo posterior sobre este asunto”.

Es decir, con la firma del contrato, las dos entidades dieron el visto bueno a los USD 48,2 millones pactados previamente por los 66 predios, así como la forma de pago (a través de dos transferencias bancarias) o el estado de los terrenos.

La cláusula 11, en cambio, habla de dirimir posibles controversias por la vía judicial.

La pugna entre el Gobierno y el Issfa por el anunciado descuento tuvo un nuevo capítulo ayer, 12 de febrero del 2016. Los soldados pasivos remitieron a este Diario un documento firmado por “pensionistas, viudas y huérfanos que cobran el montepío, y dependientes” del Issfa, en el que se anuncia la creación de una veeduría para vigilar el patrimonio de su seguro.

En el texto también se declara ‘persona no grata’ al ministro de Defensa, Fernando Cordero, y se apoya la posición del Alto Mando militar -destituido por el presidente Correa hace una semana- por su re­chazo público al descuento.

En medio de estos hechos, la Fuerza Aérea celebró ayer el vigésimo primer aniversario de la victoria del Cenepa. Allí estuvo Cordero. También la nueva cúpula de las FF.AA.

César Navas, ministro coordinador de Seguridad, habló en esa ceremonia militar. Él felicitó a la FAE y agradeció al general Raúl Banderas “por su valentía y desempeño en el Alto Cenepa”.
Banderas fue parte del Alto Mando cesado hace ocho días.

Cordero habló en un medio público. Restó importancia al documento suscrito por los pensionistas. “Jamás seré una persona grata para los que pretenden violar la ley, para quienes quieren mantener inequidades e injusticias...”.

Horas antes de firmar la resolución, los militares pasivos se reunieron en Quito y en Guayaquil. El almirante (r) José Antonio Noritz, director del Issfa el 2010 y firmante del contrato con Ambiente, reunió a sus compañeros en el Círculo Militar del Puerto Principal y les explicó el proceso de compraventa de los 66 terrenos.

Dijo, por ejemplo, que durante la negociación, el Ministerio del Ambiente se comprometió a entregar ‘compensaciones’ al Issfa porque el monto de USD 48,2 millones fue declarado ‘insuficiente’.

Les ofrecieron -según Noritz- terrenos en otros puntos de Guayaquil y 7 000 bonos de vivienda para los militares. Eso no se ha cumplido, aclaró el oficial a sus compañeros.

El Issfa, antes de concretarse la venta de los 66 predios, tenía previsto levantar un proyecto inmobiliario en Samanes, entre los que estaba incluido el denominado Ciudad Satélite José Joaquín de Olmedo. Un complejo de 16 000 casas para el personal de FF.AA. y 62 hectáreas de áreas verdes.

Tanto en Guayaquil como en Quito, la convocatoria movilizó a decenas de pensionistas. Dicen estar preocupados por el patrimonio del Issfa.

Sin embargo, a través de redes sociales, el Ministerio de Defensa ha insistido en los últimos días que la enmienda constitucional aprobada en el 2015 garantiza las pensiones de policías y soldados.

Y aclararon que entre 2006 y 2015, la cobertura del seguro militar aumentó en un 8%.

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