12 de julio de 2017 00:00

Militares dan apoyo para reducir robos y crímenes en el país

ff.aa. La noche del viernes pasado, militares y policías realizaron un operativo en Quitumbe, un barrio del sur de Quito.

La noche del viernes 7 de julio, militares y policías realizaron un operativo en Quitumbe, un barrio del sur de Quito. Foto: Cortesía FF.AA.

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Fernando Medina

La estrategia cambió. Desde los últimos días de junio del 2017, militares y policías se unieron para custodiar calles, parques, zonas comerciales y centros de diversión.

Inicialmente, agentes y soldados ejecutaban operativos por separado, pero ahora se quiere identificar con mayor eficacia delitos relacionados con robos violentos y homicidios. Así se quieren contrarrestar los índices de muertes violentas en el país, que este año tuvieron un aumento según admitió Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura.

El martes 11 de julio, el Ministerio del Interior envió a este Diario datos de los crímenes reportados entre enero y el 2 de julio de este año. Las cifras revelan que hubo 538 muertes violentas en el país. Es decir, 34 casos más que en el mismo período del 2016.

Precisamente, esas estadísticas fueron analizadas por el Ministerio de Defensa y la Policía, y se decidió que los soldados se unieran a los agentes para efectuar los controles.

Pero, ¿qué pasó con las tareas independientes que hacía cada institución? El director de Operaciones de la Policía, Ramiro Mantilla, explicó el martes que se detectó que las tareas por separado tenían falencias. Por ejemplo, en el caso de los militares, salían a las carreteras, hacían controles y chequeaban el interior de los autos para incautarse de armas.

Pero esos operativos se realizaban aleatoriamente. Ahora la consigna es que se ejecuten específicamente en sectores donde la Policía ha investigado y detectado que se cometen delitos y hay riesgo.

En Quito, por ejemplo, el fin de semana pasado hubo intervenciones en dos barrios del sur. Los militares llegaron en la noche y se concentraron en un cuartel de la Policía.Desde ahí salieron en grupos de 20 soldados y acompañaron a los agentes a custodiar los alrededores de bares y discotecas. También revisaron los interiores de vehículos.

En la capital, actualmente 80 soldados apoyan a la Policía en estas acciones. Lo mismo sucede en Manabí, Santo Domingo, Esmeraldas, El Oro, Azuay, Sucumbíos y Guayas.

Esta última provincia es adonde más soldados han acudido. Cerca de 500 uniformados son parte de los controles. En Manabí, en cambio, hay 184.

En esas provincias, la Policía también ha identificado altos niveles de violencia y de delitos como sicariato, robo a domicilios y asaltos a personas, todos relacionados con la tenencia ilegal de armas.

Por eso, la Judicatura analiza nuevas acciones para sancionar a quienes porten armas sin permisos. Entre las medidas está la capacitación de los jueces para que castiguen este delito de “forma clara”. Es decir, que se tenga en cuenta que el llevar una arma de fuego a un espacio público es un delito que puede llevar a otros actos más graves.

“A veces nos ha pasado que el porte de armas se tipifica como una tenencia que implica una sanción menor. Debemos ser absolutamente rigurosos y radicales”, señaló Jalkh.

Para la Policía esto es importante, pues en las últimas semanas han detenido a sospechosos con distintas armas en su poder. Ese fue el caso de un hombre que fue interceptado hace dos días en Ponciano, un barrio de Quito. Los agentes confiscaron cinco armas. Las investigaciones señalan que el sospechoso alquilaba el armamento a bandas.

Lo mismo pasó en Samborondón (Guayas), hace siete días. Los agentes detuvieron a dos personas con 10 revólveres.

Por eso, para la Policía es necesario incrementar los operativos en conjunto y reducir las cifras de asesinatos, pues el 51% de muertes reportadas en el país son perpetradas con armas de fuego. “Lo que queremos es evitar más hechos delictivos, no queremos asustar a la gente”, dijo ayer Mantilla.

Esto lo dice tras las inquietudes que ha recibido de la ciudadanía acerca de la presencia de militares en las calles.

Históricamente, los militares, por mandato constitucional (art. 158), han tenido como misión fundamental la defensa de la soberanía y del territorio.

Pero en noviembre del 2010, el juez vigésimo segundo de garantías constitucionales dictó medidas cautelares a favor del Estado y dispuso que las FF.AA. colaborasen en operaciones antidelincuenciales.

Cuatro años después, en mayo del 2014, la Asamblea reformó la Ley de Seguridad Pública. En la norma se señala que los soldados -de forma complementaria, sin descuidar su misión principal- pueden apoyar a la Policía en el mantenimiento y control del orden público y la seguridad ciudadana.

En el 2015, eso se ratificó con la enmien­da constitucional.
En la actualidad, los militares reciben capacitaciones en DD.HH. y uso progresivo de la fuerza. Por eso, en los operativos los soldados no detienen a los sospechosos. De eso se encarga la Policía.

Incluso, desde el 2014, las Fuerzas Armadas tienen un manual que recoge los procedimientos que debe ejecutar un militar durante las tareas de seguridad interna.

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