17 de diciembre de 2016 09:11

Militares restringen el ingreso a San Carlos de Panantza

Boris Romolerux / API En el cantón San Juan Bosco hay resguardo policial y militar. Ayer al mediodía llegaron refuerzos de policías y militares de Quito y Guayaquil.

En el cantón San Juan Bosco hay resguardo policial y militar. El jueves al mediodía llegaron refuerzos de policías y militares de Quito y Guayaquil. Foto: API

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Lineida Castillo

El ingreso está restringido. Solo policías, militares y funcionarios de Estado -con documentos de identificación- pueden ingresar a la parroquia San Carlos de Panantza, perteneciente al cantón San Juan Bosco, en Morona Santiago.

Allí, la tarde del miércoles 14 de diciembre se registró el tercer enfrentamiento grave del 2016 entre un grupo shuar y los uniformados, que custodian esta zona. Los indígenas reclaman la ancestralidad de los territorios donde está emplazado el proyecto minero San Carlos de la empresa china Explorcobres.

Tras los enfrentamientos, el policía José Luis Mejía Solórzano murió por el impacto de una bala en la cabeza y siete uniformados están heridos. Uno fue intervenido en el Hospital del Río de Cuenca y está en cuidados intensivos. Los otros tienen impactos de perdigones y están fuera de peligro.

Según César Navas, ministro coordinador de Seguridad, la Policía busca a los autores de la muerte de Mejía, pero hasta ayer no había resultados.

Desde este último enfrentamiento, el miedo y el nerviosismo se apoderaron de las familias de Panantza y de la vecina parroquia de San Carlos de Limón. Hay quienes prefirieron abandonar sus hogares para proteger a su familia.

Jesús D. tiene 55 años, de los 45 que ha vivido en Panantza. Tiene ocho hijos y uno de ellos labora como obrero en la minera Explorcobres. Jesús construyó una tarabita sobre el río Zamora y por casi ocho años ofreció el servicio para cruzar el afluente en cinco minutos. El trayecto a pie dura 40 minutos.

Este servicio también lo utilizaban los técnicos de la minera y hace un mes fue destruida la pasarela. “Me amenazaron de muerte. Dicen que soy culpable de dar las facilidades a la empresa para que se instaure en este lugar”, contó Jesús.

Por eso, tras el último ataque abandonó su casa y el jueves 15 de diciembre rentó un cuarto en la ciudad de San Juan Bosco para pernoctar con su familia hasta que las autoridades encuentren una salida a este conflicto y retorne la tranquilidad. “No se puede vivir con sobresaltos. Somos un pueblo de paz”.

No son los únicos que salieron, según Jesús. Desde el jueves varias familias abandonaron el pueblo de 200 familias y pernoctan en casa de familiares.

El alcalde de San Juan Bosco, Cristiam Saquicela, confirmó que la salida de las familias de Panantza y San Carlos de Limón empezó en noviembre, tras la toma y desalojo de los nativos, que terminó en enfrentamientos y hubo heridos.

“Acá (al Municipio) llegaron madres de familia pidiéndome trabajo, porque dejaron su tierra por temor”, dijo Saquicela, quien pertenece a Alianza País. En la zona, las familias viven de la agricultura y ganadería y hay jóvenes mestizos que trabajan para la minera.

Saquicela señaló que desde hace más de un año alertó sobre estos conflictos al Gobierno y pidió mediante oficios también a los representantes de la minera que dialogaran para encontrar una salida. “El tema minero es sensible”.

Tras la toma del campamento y posterior desalojo -que ocurrió el 21 de noviembre-, los alcaldes y representantes de los siete municipios de Morona Santiago también firmaron un pedido para que el Gobierno dialogue con las organizaciones indígenas para evitar más enfrentamientos.

Según Agustín Guachapá, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, no dialogarán mientras el Gobierno no retire a los uniformados de Panantza y de poblados aledaños y que se levante el estado de excepción, decretado la noche del miércoles.

Pasado el mediodía del jueves llegó al sector otro contingente de militares y policías procedentes de Guayaquil y de Quito para dar seguridad. En San Juan Bosco también se improvisó un campamento en un antiguo plantel educativo.

Por el estado de excepción, el Municipio suspendió la inauguración de obras y culturales. Los dueños de bares y restaurantes están preocupados por el estado de excepción. “No tenemos información y no sabemos hasta qué hora podemos atender. En diciembre tenemos una alta demanda por cenas, fiestas y reuniones familiares”, señaló María Prieto, dueña de un restaurante.

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