13 de junio de 2015 19:05

Los militares armaron un manual para controlar la seguridad interna

El miércoles, en la Brigada de Infantería 13 Pichincha, ubicada en Machachi (Pichincha), un grupo de militares entrena simulando una manifestación. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

El miércoles, en la Brigada de Infantería 13 Pichincha, ubicada en Machachi (Pichincha), un grupo de militares entrena simulando una manifestación. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Javier Ortega
jortega@elcomercio.com

Los llaman ‘robocops’. Son militares encargados de controlar posibles manifestaciones y en esas circunstancias tienen la orden de neutralizar a los grupos violentos. Esta es una de las “tareas complementarias” que ahora ejecutan los soldados.

Por primera vez, EL COMERCIO accedió a la Brigada de Infantería 13 Pichincha, que opera en Machachi, y observó la preparación de los uniformados en operaciones de seguridad interna. El miércoles, en un campo de césped los soldados representaron escenas de una protesta. Hubo golpes, gritos y pedradas.

Vestidos con chalecos antibalas, cascos y escudos antimotines simularon enfrentamientos con protestantes.

Cerca de ese terreno, otros soldados controlaban armas. Con guantes de látex revisaban la guantera de un auto, la cajuela y registraban a civiles. En el ejercicio se hablaba de la ‘flagrancia’, de la ‘protección de los derechos humanos’, de no incurrir en ‘arrestos arbitrarios’ o de no ‘alterar la escena’, términos nuevos en las FF.AA.

Históricamente, los militares, por mandato constitucional (art. 158), han tenido como misión fundamental la defensa de la soberanía y del territorio.

Pero en noviembre del 2010, el juez vigésimo segundo de garantías constitucionales dictó medidas cautelares a favor del Estado y dispuso que las FF.AA. colaboraran en operaciones antidelincuenciales.

Los uniformados se preparan en control de armas, apoyo a la Policía, seguridad hidrocarburífera, gestión de riesgos y control marítimo y de áreas estratégicas. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Los uniformados se preparan en control de armas, apoyo a la Policía, seguridad hidrocarburífera, gestión de riesgos y control marítimo y de áreas estratégicas. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO


Cuatro años después, en mayo del 2014, la Asamblea reformó la Ley de Seguridad Pública. En la norma se señala que los soldados -de forma complementaria, sin descuidar su misión principal- pueden apoyar a la Policía en el mantenimiento y control del orden público y la seguridad ciudadana.

Los legisladores avalaron el cambio “dada la situación de complejidad y magnitud que los problemas de la criminalidad y la violencia han alcanzado en la sociedad actual”.

El miércoles, en la Brigada Pichincha, Rodrigo Peñaherrera, comandante de uno de los grupos de ese cuartel, admitía los actuales riesgos que enfrenta el país. Organizaciones delictivas preparadas, tráfico de drogas, de combustible, de armas... 

De ahí que cada vez es más frecuente su presencia en las calles. En los operativos antidelincuenciales los uniformados utilizan pistolas CZ 9 mm de origen checo, cascos y chalecos antibalas. A ellos se los conoce como policías militares.

Cuando acuden a disturbios portan la Mossberg, una carabina que dispara cartuchos o perdigones. “Estos últimos no tenemos en dotación porque son letales”, señala un soldado.

Esos equipos son parte de la inversión que ha hecho el Gobierno. En los últimos ocho años Defensa ha recibido USD 1 718 millones. Pese a que desde el 2010 los uniformados salen a las calles, las FF.AA. reconocen que no tenían el “marco legal adecuado”. Ahora incluso trabajan con un Manual de Derecho en Operaciones Militares, un documento de 290 páginas aprobado el 11 de septiembre del 2014. Este Diario accedió a ese instructivo, que recoge procedimientos que debe ejecutar un soldado en tareas internas.

Ahí, por ejemplo, se pide que en un arresto lean los derechos a los sospechosos y que los entreguen enseguida a la Policía.

Lo mismo ocurre con las evidencias como armas o narcóticos. Los uniformados emplean guantes de látex en todos los procedimientos. El capitán Juan Bolaños, uno de los oficiales que trabaja en esta área, recuerda que antes de que se publique el manual los uniformados estaban expuestos a errores. Los abogados de los detenidos aprovechaban esas fallas y echaban al piso los procesos judiciales iniciados.

Todos los detalles de ese documento se imparten en las aulas de los cuarteles que funcionan a escala nacional. El miércoles, unos 20 militares escuchaban a Bolaños.

En abril, oficiales y aerotécnicos del Comando Operacional 5 ya participaron en el curso del denominado Combate Urbano. Allí se entrenaron en técnicas y tácticas para enfrentar la delincuencia y controlar conflictos urbanos.

En estas capacitaciones también se habla del uso progresivo de la fuerza. Los soldados dicen que usarán ese recurso solo cuando sea “estrictamente necesario”. Incluso se establecen tres únicas causas para que empleen armas de fuego: en defensa propia o de otras personas, para evitar un delito considerado grave y que signifique una amenaza para la vida, o para capturar sospechosos que representen ese peligro.

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