30 de agosto de 2016 18:06

Dos militares demandan ser recibidos en la Asamblea por reformas al Issfa

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Redacción Guayaquil

Un capitán de la Armada y un mayor del Ejército presentaron la mañana de este martes 30 de agosto dos amparos constitucionales en contra del ministro de Defensa, Ricardo Patiño; la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira; y 11 legisladores. Las dos acciones de protección buscan que la Comisión la Comisión de Derecho de los Trabajadores los reciba para exponer sus argumentos ante las reformas de la Seguridad Militar.

Según Xavier Mejía, abogado defensor de los uniformados, los recursos –de ser aceptados- buscan interrumpir el informe para primer debate de los seguros del Issfa e Isspol.

Explicó que el capitán Jorge Zambrano y el mayor José Xavier Intriago sustentaron las acciones que no se les permitió exponer en el Legislativo, especialmente los motivos por los que se oponen a la propuesta del Ejecutivo, presentada a la Asamblea el pasado 20 de julio.

“La idea es interrumpir el proceso, que no debatan mientras no los reciban. Es necesario que los asambleístas tengan el criterio de quienes se han puesto las botas”, comentó Mejía.

Según el abogado no se ha permitido a los representantes de las Fuerzas Armadas acudir al Legislativo, lo que habría vulnerado sus derechos de ciudadanos, ya que solo recibieron al ministro Patiño.

“Mis defendidos dicen: ‘queremos explicar cómo es el Régimen especial militar, nosotros lo vivimos. El ministro (Patiño) si bien es cierto es el representante político, no puede representar nuestros derechos constitucionales. Representa a la institución”, anotó.

Entre las reformas que aprobó la Comisión consta el aumento de las pensiones, en la que se tomará en cuenta los 60 mejores salarios. Sin embargo, la aplicación de este mecanismo será gradual. Es decir, en el primer año, después de la aprobación de las reformas, las pensiones se calcularán con los 12 mejores sueldos.

El segundo año será con los 24. Y en los cinco años posteriores se llegará a las 60. La propuesta del Ejecutivo era que la jubilación se obtenga con esas 60 mejores remuneraciones inmediatamente a la aprobación de las reformas.

La legisladora de AP, Mery Verduga, aseguró que el 31 de agosto se reunirá la Comisión y analizará los términos en los que se presentaron las acciones de protección para dar una respuesta oficial.

Sin embargo, la legisladora adelantó que la Comisión sí recibió a “diferentes gremios” tanto del servicio activo como pasivo, tanto a favor y en contra del proyecto, por lo que considera ha sido debatido.

“El tema militar es un poco cerrado, tienen normas y dentro de esas normas está el tema de que ellos no son deliberantes, por tanto tienen un órgano de mando que es con el que se tiene que hablar. En ese sentido, ya habían hablado con el Ministro y el Presidente, por tanto son ellos quienes tienen que transmitir sus inquietudes”, anotó.

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