Militantes de Alianza País presentaron 14 preguntas para la consulta; no incluyen la reelección indefinida y el Cpccs

Los militantes de Alianza País (AP) del distrito sur de Guayaquil presentaron este lunes, 25 de septiembre del 2017, las 14 preguntas que consideran se debe incluir en la consulta popular.

El anuncio estuvo encabezado por el asambleísta Bairon Valle, quien hizo varias precisiones que se deben considerar para ese proceso. Afirmó que no es viable consultar la posibilidad de cambiar la estructura del Estado, por tanto "no se pueden ni aumentar, ni disminuir funciones". Por ello, dijo, no se puede eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), tampoco cambiar la forma de designar los miembros del Consejo de la Judicatura.

Además, comentó, no se puede restringir derechos. En esa línea, explicó que no se puede coartar la libertad de elegir y ser elegidos. "No se puede restringir el derecho de los ciudadanos a la participación política a ser candidatos por el solo hecho de haber sido electo anteriormente para esa función".

Según Valle, la consulta popular debe estar suficientemente justificada por su costo aproximado de USD 60 millones.
"Se pueden construir 3 500 viviendas del Plan Casa Para Todos, se pueden entregar 33 mil bonos de USD 150 durante un año para los adultos mayores (...) la consulta debe servir para consolidar la democracia participativa".

Comentó que por ello las preguntas que plantean tienen que ver sobre temas laborales, de gobiernos seccionales, entre otras.
Una de las preguntas es: "¿Está usted de acuerdo en que el Impuesto de Salida de Divisas contribuya a financiar los bonos para las personas con discapacidad, para adultos mayores y para viviendas para las madres en situación de extrema pobreza?".

También se consulta si el pueblo está de acuerdo con mantener el subsidio de combustible y que se cree un fondo para financiar la construcción de unidades educativas con los bienes que se Incautan y vendan en casos de corrupción.

Valle anotó que también se propone que el 50% de las utilidades generadas en la banca privada por administración y uso del dinero electrónico sea para financiar y desarrollar a nivel nacional la Economía Popular y Solidaria.

El legislador afirmó que las 14 preguntas serán entregadas esta tarde en el Palacio de Carondelet.

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