20 de marzo de 2016 00:00

Fiscalía indaga 500 denuncias contra OGC

En los contenedores de OGC se encontraron neveras, televisores pantalla plana, muebles, cajas sueltas, entre otros. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

En los contenedores de OGC se encontraron neveras, televisores pantalla plana, muebles, cajas sueltas, entre otros. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

No sería solo una cuestión de paquetes extraviados. Las primeras indagaciones realizadas sobre la empresa española de paquetería OGC Logistics apuntan a que esta compañía presuntamente abusó del beneficio que el Estado ecuatoriano da a los migrantes cuando retornan al país.

El Plan Retorno, vigente en el Ecuador desde enero del 2008, permite que cualquier ecuatoriano que haya estado fuera del país más de un año y decida regresar, pueda traer por una sola vez su menaje de casa y su equipo de trabajo sin pagar impuestos.

OGC Logistics supuestamente recibía la paquetería de un migrante en España, tomaba ilegalmente su nombre para hacerlo aparecer en los trámites como que regresaría al país y se acogería al Plan Retorno.

Pero en ese contenedor no solo incluía los paquetes de esa persona, sino encargos de otros usuarios y todo lo mandaba a nombre de ese migrante, a través de una sola declaración aduanera.

Ese es el modelo que usaba la firma de origen español, según las investigaciones preliminares del Servicio de Aduana (Senae) y la Fiscalía del Guayas.

Hace más de una semana, cuando estalló la denuncia de la supuesta estafa en el envío de paquetes, se mencionó que más de 5 000 personas estaban perjudicadas. Hasta el viernes la Fiscalía del Guayas recibió casi 500 denuncias.

Hasta el viernes pasado Senae detectó 47 contenedores en el Puerto Marítimo de Guayaquil y los bloqueó por la presunta vinculación con el envío de paquetes de España.

El director de Senae, Xavier Cárdenas, dice que los contenedores que tienen ese patrón han sido embarcados por este tipo de empresas en España, principalmente. “Constan en algunos casos con declaración y en otros sin declaración, o un documento de transporte a nombre de esa persona”.

La legislación ecuatoriana no permite el servicio de courier vía marítima. Solamente por avión e incluye tasa.
Según Senae, los importadores de mercancías y emigrantes son los únicos que pueden fletar un contenedor para que entre al puerto en barco.

Por eso, ahora identificarán esos contenedores y los abrirán en presencia del nombre que consta como propietario.

Si no aparece, serán los denunciantes los que identifiquen su carga.Eulalia Domínguez, quien reside en Mallorca (España) desde hace 15 años pide que le entreguen un televisor de 21 pulgadas que el pasado 4 de enero mandó por OGC a su familia en Guayaquil.

La mujer, de 62 años, quien por ahora se encuentra en el país, contó que para reunir los 538 euros que le cobraban por el traslado del electrodoméstico tuvo que romper hasta la alcancía. No está segura que en los contenedores retenidos en el Puerto Marítimo de Guayaquil esté su televisor.

Según confirmó el fiscal provincial del Guayas, Paúl Ponce, la empresa OGC usó el nombre de personas radicadas en España que solo enviaban cajas para asignarles todo un contenedor catalogado como “menaje de casa”. El funcionario no descarta que la firma así pudo evadir el pago de aranceles y traer electrodomésticos, ropa y otros bienes del hogar adquiridos antes de su viaje de regreso al Ecuador.

Pero en la mayoría de estos casos, los migrantes que enviaban las mercaderías no habían solicitado acogerse al Plan Retorno y lo que existe son documentos alterados con firmas falsificadas por los propios colaboradores de la compañía, sostuvo Ponce.

La Fiscalía investiga la presunta falsificación de firmas y de documentos. Mientras se continúa receptando las denuncias de quienes solicitan se les devuelvan los encargos que enviaron desde España a través de esta compañía.

Yessenia Rodríguez, de 23 años, está a punto de perder no solo sus bienes sino hasta su empleo. Llegó de vacaciones al país el 27 de febrero y debía regresar la semana pasada a su lugar de trabajo en Alicante (España), pero al enterarse del caso optó por quedarse.

A ella lo que más le llamó la atención fueron los bajos precios. Para enviar tres bultos con ropa y varios objetos le cobraban hasta 5 euros por cada kilo del envío.

Otro supuesto beneficio que ofrecían era el tiempo en que la mercadería arribaba a Ecuador. En las facturas que OCG entregaba a los clientes consta que los objetos debían llegar en un período máximo de tres meses. Pero desde diciembre de 2015 los paquetes no se entregaron a sus destinatarios.

Esto motivó a que decenas de migrantes que habían contratado los servicios de OGC en España acudieran a reclamar por sus envíos a fines de febrero, fue entonces cuando sus oficinas ubicadas en cinco ciudades españolas cerraron por lo que ecuatorianos decidieron denunciar el hecho.

Varios afectados aprovecharon que por los primeros días de este mes regresaban al país para dar aviso a las autoridades ecuatorianas quienes desde el 9 de marzo procedieron a realizar varios allanamientos a las bodegas que OGC tenía en la vía Duran – Tambo. Luego de esto, empezaron a presentarse las acusaciones en contra de esta compañía.

En Ecuador no se ha presentado ningún escrito en defensa de la empresa ni hay versión oficial de un representante. Tres personas fueron señaladas como principales accionistas de OGC.

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