14 de noviembre de 2017 00:00

Facción 'correísta' está contra las cuerdas

n la sede de AP en Santo Domingo de los Tsáchilas se entregaron detalles del proceso sancionatorio contra los militantes de ese movimiento: Foto: El Comercio.

En la sede de AP en Santo Domingo de los Tsáchilas se entregaron detalles del proceso sancionatorio contra los militantes de ese movimiento. Foto: El Comercio.

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La Comisión de Ética de Alianza País halló responsabilidades en nueve miembros de ese movimiento que días atrás resolvieron destituir de la presidencia de la organización política a Lenín Moreno.

Tres de los cinco integrantes de esta instancia resolvieron sancionar con seis meses de suspensión de sus derechos a los dirigentes que a nombre de una parte de la Directiva Nacional tomaron la decisión de remover del cargo a Moreno.

La Comisión se reunió en Santo Domingo de los Tsáchilas el lunes, 13 de noviembre del 2017. Los sancionados son Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, Doris Soliz, Paola Cabezas, Juan Valdivieso, Lira Villalba, Campo Elías Rosales, Diego Landázuri y Mauricio Zambrano. La presidenta de la Comisión, Mary Verduga, informó que los interpelados serán notificados.

Una vez que les llegue el acta tendrán el derecho de apelar la resolución en tres días.

Los comisionados argumentaron su resolución basados en los artículos 18 del Código de Ética y el 85 literal g del régimen orgánico de AP. El proceso disciplinario inició el 8 de noviembre del 2017 con la notificación del expediente a los militantes observados por la Comisión.

Ellos respondieron por medio del abogado del movimiento dos días después. Sus argumentos se conocieron en la sesión ordinaria del Comité de Ética de AP que duró tres horas. La presidenta Mary Verduga informó que la respuesta que dieron los adherentes aludidos es que se mantienen en la decisión de destituir de la presidencia de Alianza País a Lenín Moreno.

La Comisión considera que la postura de los interpelados se ajusta a una infracción grave. El Código de Ética de AP establece la suspensión de los derechos del adherente de seis meses a dos años cuando un militante incurre en esta conducta.

La cita del Comité se instaló pasadas las 17:30 con la presencia de Mary Verduga, José Tenesaca y Mónica Guevara.

Los estatutos de AP indican que las decisiones de la comisión se toman con el voto de la mayoría más uno.

Mientras que la presidenta actúa con un voto dirimente. De esa forma los comisionados adoptaron la medida.

Los ahora sancionados ya habían anticipado que desconocerían lo resuelto por el Comité de Ética de su movimiento, porque fueron destituidos en la misma reunión en la que se acordó separar a Lenín Moreno.

Pero ellos defendieron su permanencia al invocar la resolución del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este ente sugirió que en caso de existir litigios internos en el movimiento sean ventilados en el Tribunal Contencioso Electoral.

También recordaron que un Tribunal Penal de Pichincha dictó medidas cautelares para que el presidente del movimiento permanezca en el cargo. Hasta que los interpelados cumplan su sanción sus reemplazos serán escogidos entre los demás militantes.

El presidente del movimiento deberá convocar a una reunión para escogerlos.

Mientras, el Tribunal de Garantías ordenó al CNE, el 1 de noviembre, que no se inscriba a la nueva Directiva Nacional del oficialismo, presidida por Ricardo Patiño y con Gabriela Rivadeneira como segunda vicepresidenta Nacional.

El CNE conoció ese informe jurídico, el lunes en la sesión del Pleno donde también se trataron otros temas.

Sin embargo, el secretario General del CNE, Fausto Holguín, certificó que desde octubre, hasta la fecha, no ha llegado documento del movimiento oficialista, informando del cambio de la Directiva. Por tanto, en papeles, Lenín Moreno aún es el presidente.

Si llegara a darse un litigio en la organización política, la autoridad competente para resolverlo es el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), recordó el titular del CNE, Juan Pablo Pozo.

Y ante ese organismo acudió Gabriela Rivadeneira ayer por la tarde. Ella presentó una denuncia contra los jueces del tribunal por supuestamente “arrogarse funciones” en materia electoral.

La semana pasada, otro proceso fue ratificado en contra de otra ‘correísta’; la legisladora y dirigente por el Guayas Marcela Aguiñaga.

La Contraloría General del Estado estableció una responsabilidad civil culposa por USD 41 090 491,04 en contra de la exministra del Ambiente, por un “pago excesivo en la compra de terreno en Los Samanes”. Para Aguiñaga, hay una “persecución política”.

En contexto

La definición de los frentes legislativos que apoyan al presidente Lenín Moreno y al exmandatario Rafael Correa modificó la relación política en el bloque. Ya no se pueden tomar decisiones unánimes y la pugna entre las facciones ahonda la crisis de Alianza País.

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