31 de agosto de 2016 16:00

Temer se convierte en presidente de pleno derecho tras la caída de Rousseff

Michel Temer prestó juramento y asumió de pleno derecho el cargo que ya ocupaba desde el pasado 12 de mayo, aunque hasta hoy en forma interina. Foto: AFP

Michel Temer prestó juramento y asumió de pleno derecho el cargo que ya ocupaba desde el pasado 12 de mayo, aunque hasta hoy en forma interina. Foto: AFP

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Agencia EFE

Michel Temer, un abogado de 75 años que acompañó a Dilma Rousseff como vicepresidente, se convirtió hoy, 31 de agosto del 2016, en el mandatario de Brasil tras la destitución de su antigua jefa, sometida a un juicio político que acabó por desalojarla del poder.

En el mismo hemiciclo del Senado en el que Rousseff había sido destituida unas horas antes por 61 votos frente a solo 20, Temer prestó juramento y asumió de pleno derecho el cargo que ya ocupaba desde el pasado 12 de mayo, aunque hasta hoy en forma interina.

"Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución de la República, observar sus leyes, promover el bien general del pueblo brasileño y sustentarle la unión, la integridad y la independencia de Brasil", dijo Temer, aclamado por la mayoría de los legisladores que ahora constituirán su base política.

En la mesa de la dirección del Congreso, Temer fue flanqueado por los presidentes del Senado, Renán Calheiros, de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, y de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, quien dirigió las sesiones del juicio político contra Rousseff en su condición de garante constitucional del proceso.

En su camino hacia la mesa de la dirección, Temer se detuvo a saludar a los parlamentarios casi uno a uno e incluso llegó a posar con muchos de ellos para "selfies" tomadas con teléfonos.

El acto fue "rápido y sencillo", sin discursos, tal como se hizo en 1992 con la toma de posesión de Itamar Franco, quien sucedió a Fernando Collor de Mello después de que este también perdió el poder, en ese caso en medio de un grave escándalo de corrupción.

La investidura de Temer ha cerrado un capítulo de una tormentosa crisis política que se gesta desde 2014 pero que se agudizó en diciembre del año pasado, cuando el Congreso aceptó a trámite el proceso que acabó con el mandato de Rousseff, quien hoy insistió en que ha sido víctima de un "golpe de Estado parlamentario".

Esa crisis se aceleró el 12 de mayo pasado, cuando el Senado instauró oficialmente el juicio político contra la ahora exjefa de Estado y Brasil pasó a convivir con dos presidentes: la suspendida Rousseff y el interino Temer.

La conclusión de este capítulo no significa necesariamente el fin de la crisis política, que se suma a una aguda recesión económica que estalló hace dos años y hoy se confirmó que continúa, con la caída del 3,8 % registrada por el PIB en el segundo trimestre, en relación al mismo período del año pasado.

Por lo pronto, Temer se propone salir a la búsqueda de inversión extranjera y por eso mismo tenía previsto viajar esta misma noche hacia China, donde asistirá a la Cumbre del G20, que significará su estreno en el ámbito internacional.

En el marco del G20, Temer tendrá sus primeras reuniones con los líderes de otros Gobiernos, de los que hasta ahora había mantenido una "prudente" distancia, según sus propias palabras, debido a su condición de mandatario interino.

Uno de sus objetivos es plantear sus planes para sacar a Brasil de ese abismo económico, que incluyen desde un duro recorte del gasto público hasta un ambicioso plan de privatizaciones aún no detallado oficialmente, pero que se abrirá a la inversión externa.

Según fuentes del Gobierno de Temer, las privatizaciones pasarán sobre todo por los sectores de aeropuertos, puertos, carreteras, ferrocarriles, distribución de electricidad y saneamiento básico, en los que Brasil tiene colosales necesidades.

El Gobierno también espera por la aprobación del Parlamento a una propuesta que anulará la obligación legal que, hasta ahora, tiene la estatal Petrobras de participar en todos los yacimientos del llamado presal, un horizonte de hidrocarburos que atesora enormes riquezas de gas y petróleo bajo el océano Atlántico, frente a Río de Janeiro.

Una vez aprobada esa reforma, la intención del nuevo Gobierno es abrir las puertas del presal a las grandes empresas petroleras del mundo, interesadas en esos yacimientos pero hasta ahora desconfiadas por la obligatoriedad de asociarse a Petrobras.

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