14 de mayo de 2015 14:56

Una escalada de violencia azota estado mexicano de Guerrero rumbo a comicios

Un grupo de civiles armados con rifles y escopetas controlan los accesos del municipio de Chilapa, en Guerrero. Foto: Jose Luis de la Cruz/ EFE.

Un grupo de civiles armados con rifles y escopetas controlan los accesos del municipio de Chilapa, en Guerrero. Foto: Jose Luis de la Cruz/ EFE.

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Agencia EFE
Ciudad de México

El estado mexicano de Guerrero vive una escalada de violencia rumbo a las elecciones del 7 junio marcada por el secuestro el 13 de mayo del 2015 de una aspirante a diputada estatal y el asesinato el 1 de mayo de un candidato a la alcaldía de Chilapa, una ciudad tomada por civiles armados desde hace una semana.

"En las elecciones contaremos con todas las autoridades del Estado, pero no podemos apostar por el uso de la fuerza y se está trabajando en el manejo de la inteligencia y el análisis de información", aseguró hoy en entrevista con Imagen Radio Miguel Ángel Godínez, el fiscal general de Guerrero, el sur de México.

De este modo -prosiguió el procurador de este estado del sur de México- se pretende identificar posibles focos rojos y lograr un "ejercicio sano" de las elecciones.

La candidata a congresista por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) Silvia Romero fue secuestrada el martes junto con otras tres personas cuando se dirigía a la zona de Tierra Caliente.

Tras más de 24 horas desaparecida, ayer fue hallada en buen estado de salud, informó la Fiscalía.

Sobre el caso, Godínez pidió que a pesar de su gravedad "no se magnifique", habló de desaparición y no de secuestro y afirmó que un operativo desplegado en las zonas más calientes del estado ha logrado bajar el índice de criminalidad.

Estos actos de violencia tienen un efecto directo sobre la contienda según se desprende de las declaraciones realizadas hoy por el hijo de Romero, José Antonio Villalobos, quien explicó a la radio que la candidata suspenderá sus actividades de campaña varios días.

Villalobos relató que, en otro suceso reciente, Romero fue encañonada cerca del municipio de Chilapa, tal y como aconteció el 25 de abril con el candidato a gobernador del partido Movimiento Ciudadano, Luis Walton, y su equipo de campaña.

Esa población, que se disputan las bandas de Los Ardillos y Los Rojos, es uno de los puntos más candentes de un Guerrero todavía conmocionado por la desaparición el pasado septiembre de 43 estudiantes, en el municipio de Iguala, a manos de autoridades corruptas y miembros del cartel Guerreros Unidos, según la versión oficial.

Chilapa está tomada desde el 9 de mayo por un grupo de 300 civiles con armas de fuego que controlan los accesos del municipio tras desarmar y retener el sábado a policías y tomar varios edificios oficiales.

Ello, a pesar de la masiva presencia de fuerzas de seguridad.
El alcalde municipal, Francisco García, dijo ayer temer por su vida y no ha regresado a Chilapa.

Además, el pasado 1 de mayo fue asesinado a tiros el candidato a esta alcaldía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Ulises Fabián Quiroz.

En marzo fue hallado el cadáver decapitado de la precandidata del PRD a la alcaldía de otra población guerrerense, Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, cuyo esposo, exalcalde de la misma localidad, fue asesinado en 2014, lo que enfatiza el peligro del ejercicio político en la región.

"Los políticos tenemos la responsabilidad de transformar profundamente las condiciones de Guerrero, y una de esas condiciones es justamente la impunidad, que tiene que ver con la violencia y es mucho más grave cuando se trata de la población en general", dijo hoy a Efe la candidata a gobernadora de Guerrero Beatriz Mojica del PRD-PT, quien recibe protección de la Policía Federal mexicana.

Porque estos cruentos actos no solo afectan a la clase política. Sin ir más lejos, el 7 de mayo aparecieron tres personas decapitadas e incineradas en la carretera Chilapa-Ahuacotzingo, donde hallaron una manta con un mensaje de una banda del crimen organizado.

Las elecciones de junio -en las que se elegirán 1 996 cargos, incluidos 500 diputados federales y gobernadores de nueve estados- no son aceptadas por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, que amenazan con boicotear los comicios en Guerrero por considerar que los políticos tienen nexos con el crimen organizado.

Por ahora ha habido actos vandálicos como los ocurridos en la capital del estado, Chilpancingo, por los siete meses de la desaparición, que se saldó con el incendio de varios vehículos frente al Congreso estatal por parte de estudiantes.En otros estados del sur como Chiapas y Oaxaca se han repetido estos episodios, prueba de que la inestabilidad política y la protesta social no es patrimonio solo de Guerrero.

Aunque es este estado, probablemente, donde la convulsa situación afecta más sectores.

Desde el caso Iguala cerraron 1 200 empresas en Guerrero, dijo hoy en entrevista a Grupo Fórmula el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Rodrigo Alpízar.

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