2 de noviembre de 2014 19:59

Desapariciones en México no son aisladas

Un alumno de la escuela rural para maestros Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa (Guerrero), en su dormitorio. Él sobrevivió al tiroteo del 26 de septiembre. Foto: YURI CORTEZ / AFP

Un alumno de la escuela rural para maestros Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa (Guerrero), en su dormitorio. Él sobrevivió al tiroteo del 26 de septiembre. Foto: YURI CORTEZ / AFP

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Daniela Pastrana 
Ciudad de México, IPS (I)

Las imágenes ocuparon las portadas de los diarios mexicanos: 61 policías estadales, semidesnudos y amarrados, permanecían hincados en la plaza principal de la localidad de Tepatepec, en el central estado de Hidalgo, mientras los pobladores amenazaban con quemarlos vivos.

Era el 19 de febrero del 2000. El motivo de la indignación de los campesinos era la ocupación por la policía de la Normal Rural Luis Villarreal, en la localidad de El Mexe, y la detención de 176 normalistas (estudiantes de magisterio) que llevaban dos meses de paro por el anuncio del Gobierno de la reducción del cupo estudiantil.

Entre aquel episodio y el del 13 de octubre en el suroccidental estado de Guerrero, cuando maestros, normalistas y residentes del municipio de Ayotzinapa incendiaron el palacio de gobierno estatal, hay una larga historia de represión y criminalización de los estudiantes más pobres del país: los campesinos que se preparan para ser maestros en las comunidades más marginadas.

Es un enojo acumulado. Durante años ha habido una campaña contra las normales rurales y un desprecio por lo que hacen. Para la mente del Gobierno, son muy caras, y los normalistas siempre tienen que estar luchando por mantener sus escuelas. Y nadie dice nada porque son muchachos pobres”, dice la investigadora Etelvina Sandoval, de la Universidad Pedagógica Nacional.

Una región politizada

Guerrero es el tercer estado menos desarrollado del país y, paradójicamente, uno de los más politizados. Ha sido cuna histórica de movimientos sociales, y hace cuatro décadas fue objetivo protagónico de lo que en México se conoce como “guerra sucia”, una etapa de represión militar contra movimientos opositores que dejó un número aún desconocido de muertos y desaparecidos.

También es uno de los más violentos. Y ahora está en la mira del mundo desde el 26 de septiembre, cuando policías de la ciudad de Iguala atacaron tres autobuses de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Los motivos del ataque aún son inciertos y, según lo trascendido, entregaron a un grupo de estudiantes al cartel del narcotráfico de los Guerreros Unidos.

El saldo, hasta ahora, es de seis personas muertas, 25 heridas y 43 estudiantes desaparecidos, la mayoría de primer año. La masacre abrió una cloaca que involucra al alcalde, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos prófugos y que, según lo investigado, estaban en la nómina de pagos del grupo criminal.

Además, durante la búsqueda de los estudiantes se localizaron fosas clandestinas con decenas de cadáveres, en una cifra que sube cada día.

“La violencia indiscriminada contra la población civil que tuvimos en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) se está dirigiendo al movimiento social organizado con el cambio de Gobierno. Lo que pasó en Iguala era cuestión de tiempo”, señala Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo, una organización especializada en documentar desapariciones forzadas y guerra sucia.

Maestros para los pobres

Los normalistas rurales son los estudiantes más pobres del país, que se preparan para educar a los campesinos pobres en las comunidades más marginadas, a las que los maestros urbanos no quieren ir. Son campesinos, cuya única posibilidad de estudio son estas normales, fundadas en 1921 y que son el último reducto de educación socialista que se aplicó en México entre 1934 y 1945.

Estas escuelas funcionan como internados, y los alumnos reciben comida y una beca que va de tres a siete dólares diarios. Por sus filas pasaron legendarios guerrilleros, como Lucio Cabañas, quien en 1967 fundó el Partido de los Pobres, y Genaro Vázquez. También Misael Núñez Acosta, licenciado del centro de Tenería, en el estado de México, quien en 1979 fundó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y fue asesinado dos años después.

De las 46 normales rurales originales, solo quedan 15. La mitad fueron cerradas después del movimiento estudiantil de 1968 por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Las que quedan libran una continua batalla desde 1999 para que no las conviertan en escuelas técnicas.

Pero los gobiernos estatales las han asfixiado económicamente, con el argumento de que en el país no se necesitan más maestros de primaria, porque la dinámica poblacional redujo la matrícula.

Desafío para Peña Nieto


La masacre de los normalistas de Ayotzinapa, que ha puesto a prueba la política de derechos humanos del presidente Enrique Peña Nieto, encontró un caldo de cultivo en la tensión que provocaron los intentos de los últimos gobiernos por eliminar la escuela.

En enero del 2007, el entonces gobernador Zeferino Torreblanca intentó reducir su matrícula estudiantil y declaró que el objetivo de su gobierno era acabar con la “alumnocracia”. El 12 de diciembre del 2011, la policía asesinó a dos normalistas: Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Herrera Pino.

Ambos participaban en el bloqueo de una carretera, en protesta por la reducción del presupuesto de la escuela. También fue herido gravemente Édgar David Espíritu Olmedo, mientras 24 estudiantes más resultaron heridos y golpeados. No hubo ninguna sanción para los responsables de las muertes.

Casi tres años después, cuando se preparaban para viajar a Ciudad de México, a fin de asistir a la conmemoración del aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, los normalistas fueron emboscados por policías municipales. Los detenidos, según las investigaciones y testimonios, fueron entregados a un grupo criminal para el que trabajaba el Alcalde.

Hasta ahora, 43 normalistas siguen desaparecidos...

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