24 de agosto de 2017 00:00

Metro de Quito: hay 2 figuras legales que protegen la inversión

El lunes pasado, la tuneladora denominada La Guaragua llegó a la estación de La Carolina, en el norte de la ciudad. Foto: Pául Rivas / EL COMERCIO

El lunes pasado, la tuneladora denominada La Guaragua llegó a la estación de La Carolina, en el norte de la ciudad. Foto: Pául Rivas / EL COMERCIO

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Daniel Romero

Para el Municipio de Quito, la disputa legal entre la española Acciona y la brasileña Odebrecht, integrantes del Consorcio a cargo de la Línea 1 del Metro, es un asunto entre privados. Ese es el argumento del alcalde Mauricio Rodas para negar el pedido de mediación de la empresa brasileña.

“Al Municipio no le corresponde el rol de mediador, ni legal ni contractualmente”, dijo el Alcalde el martes 22 de agosto por la mañana. Sin embargo, lo que sí ha hecho la Alcaldía es un primer acercamiento con la Secretaría de la Presidencia para buscar lo que Rodas denomina una estrategia jurídica conjunta.

¿Cuál es el camino que tiene el Municipio para garantizar la obra? El contrato entre la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito y el Consorcio Acciona-Odebrecht incluye dos cláusulas: la 8.7 sobre la indemnización por demoras y la 8.13 sobre multas por retrasos.

Sergio Garnica, concejal independiente y miembro de la Comisión que da seguimiento a la construcción del Metro, señaló que si no se cumplen con los plazos se puede recurrir a la indemnización.

“Esta indemnización se pagará por cada día que transcurra entre la fecha de terminación y la fecha que se señale en el certificado de recepción de la obra”, dijo. Esa cláusula también plantea que el pago de dicha indemnización no exime a la contratista de su obligación de terminar las obras o de otras obligaciones establecidas en el mismo contrato.

Sobre las multas por retrasos, Garnica explicó que estas se podrían aplicar en caso de que la gerencia del proyecto o el ingeniero nombrado para el proyecto detecte un incumplimiento que genere una “no conformidad mayor” o no se cumplan los hitos en los plazos establecidos.

Garnica dijo que la no conformidad mayor puede darse por varias faltas, por ejemplo, no disponer del personal técnico requerido, no contar con el equipo mínimo en cada obra, no acatar las disposiciones escritas por la gerencia o el ingeniero, no cumplir con el manejo ambiental requerido o no cumplir las acciones preventivas en lo ambiental y social que señala el contrato.

En el caso de una inconformidad mayor, la multa es del 0,002% del total de contrato de la Fase II: USD 1 538 millones, es decir, USD 30 760 diarios. Respecto a las demoras, la multa es del 0,005%, que equivale a USD 76 900 por día, mientras se remedia el incumplimiento. En cualquiera de los casos, la multa no excederá el 10% del contrato.

El pasado 9 de agosto, la Procuraduría del Municipio hizo una exposición sobre la situación legal del Consorcio. Ahí dijo que el convenio de asociación del Consorcio establece que la responsabilidad es mancomunada, solidaria e indivisible. Esto significa que, en el caso de imponerse las sanciones, se podrá cobrar a la empresa más solvente o a la que esté más a mano.

Pero, según la concejala independiente Daniela Chacón, en ninguno de los casos esto podría evitar un virtual retraso en el caso de que el impasse entre Acciona y Odebrecht afecte a la obra del Metro.

El ofrecimiento de adoptar una posición en conjunto llegó el 10 de agosto pasado y la hizo Eduardo Mangas, secretario de la Presidencia mediante una carta. En esa fecha, el Concejo Metropolitano aprobó una resolución para conminar a las dos empresas a resolver sus diferencias y se mostró de acuerdo con llegar a una postura como Estado ecuatoriano.

Según Rodas, en la reunión con la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el Gobierno le reiteró el apoyo al proyecto del Metro. “La estrategia jurídica es para velar por el cabal cumplimiento de la obra”, dijo.

Sobre la negativa de la Alcaldía a mediar entre las dos empresas, Chacón señaló que si bien no hay una base legal o jurídica que faculte esa mediación, el Cabildo sí podía ser un actor que lidere ese diálogo.

Según el Alcalde de Quito, hasta el momento se ha cumplido con lo establecido en el contrato. Rodas informó que se ha realizado 5 kilómetros de los 22,6 que requiere el túnel. Además, en 7 de las 15 estaciones se terminó la obra civil. “El avance de la obra es del 40%, señaló el burgomaestre.

Acciona y Odebrecht no dan muestras de un acuerdo. La lunes pasado, la tuneladora La Guaragua, que abre el hueco desde El Labrado hasta La Alameda, en el norte de Quito, llegó a la estación La Carolina. El Alcalde y otras autoridades asistieron a la apertura de la pared norte de esa estación. Allí, se observaron carteles solo con el nombre de Acciona.

De hecho, luego de la conminación del Concejo, el 10 de agosto pasado, la empresa se mantuvo en su posición de que el Consorcio fue reconformado mediante escritura pública en la Notaria 1 de Quito, que Acciona está a cargo de la obra y que hizo un pago a Odebrecht.

La empresa brasileña no reconoció ese pago y pidió que el Municipio medie entre ellos.

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